Eliseu Frígols i Brines, abogado y profesor de Derecho Penal en la Universitat de València (UV), ha analizado la causa judicial por la dana que se instruye desde enero de 2025 en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, y ha subrayado: “Nuestras leyes están pensadas para asuntos mucho más pequeños”.
Las cifras del procedimiento dan idea de su magnitud: hasta ahora han comparecido 690 personas ante la jueza instructora, Nuria Ruiz; se han dictado 588 resoluciones; y participan en torno a 40 letrados en una causa abierta por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, en la que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.
El experto ha indicado a Europa Press que la causa es “compleja” por la cantidad de víctimas y de partes personadas, lo que provoca que el procedimiento “se alargue en el tiempo”. Ha apuntado que, con tantas partes, “cuando hay tantas partes, solo con que cada una interponga un recurso, puede llevar a la jueza a dos meses para su resolución”.
Ha recordado que, además de los recursos, deben practicarse otras diligencias como declaraciones de testigos y de investigados, elaboración de informes y aportación de diversa documentación. “Cuantas más partes hay es más complicado que el asunto avance rápido porque hay muchos más obstáculos”, ha señalado, aunque ha admitido que el uso de la videoconferencia ha acortado notablemente los plazos.
Preguntado por la posible duración de la instrucción, que ya acumula dos prórrogas, ha respondido: “Depende del número de diligencias que se practiquen. Si se quisiera hacer una investigación muy a fondo, con tantas partes implicadas, la instrucción puede durar tanto como entienda la instructora que debe alcanzar para la averiguación de los hechos”.
Ha precisado que en este tipo de procedimiento abreviado no es preciso agotar todas las posibilidades durante la fase de instrucción, a diferencia de lo que ocurre en los sumarios: “En el procedimiento abreviado --ha aclarado-- se deben realizar las diligencias necesarias para establecer si los hechos pueden ser constitutivos de delito o no y luego ya se determina en juicio oral”. En este contexto, ha reiterado su diagnóstico: “Nuestras leyes están pensadas para asuntos muchos más pequeños”.
En la misma línea, Andreu Moreno, profesor de Derecho Penal en la UV y abogado de Mai Mes, una de las acusaciones populares personadas en el proceso por la dana, ha comentado a Europa Press que no existe un límite cerrado de prórrogas, “pero se tienen que ajustar a la instrucción”.
Moreno considera que la investigación “va a buen ritmo”, aunque aún quedan pruebas por practicar y varios informes pendientes de llegada. “Como mínimo habrá una prórroga más y calculamos que la instrucción podría alargarse otro año más”, ha manifestado. A su juicio, “La instrucción --ha añadido-- está siendo muy cuidada y garantista. Se está haciendo muy bien. En este caso, con más de 200 muertos encima de la mesa, la causa debe ser lo más garantista posible, lo que también dilata el procedimiento”.
Entre las diligencias practicadas, la jueza ha citado a declarar a 713 personas, incluidos los dos investigados. De ellas, hasta el 29 de octubre habrán comparecido 690 ante el juzgado.
Paralelamente, sigue pendiente la respuesta definitiva a la comisión rogatoria remitida a Estados Unidos, dirigida a Telegram y WhatsApp, para tratar de recuperar los mensajes que habría intercambiado el día de la riada José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat y diputado en Les Corts, Carlos Mazón, con los investigados, con el propio Mazón y con otros altos cargos.
En julio, las autoridades estadounidenses comunicaron al juzgado que WhatsApp “no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)”, por lo que quedaba descartada la recuperación de los mensajes borrados por Cuenca. Pese a ello, la magistrada acordó mantener la comisión rogatoria “al objeto de obtener los datos correspondientes a intervinientes, fecha y hora de remisión de los mensajes o comunicaciones de WhatsApp” en la jornada de las riadas.
La posición de Mazón y el problema de los aforados
En cuanto al papel del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa, actualmente personado, Eliseu Frígols i Brines ha recordado que la instructora solicitó investigarle, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó su imputación al no apreciar indicios suficientes. Sobre esta situación ha explicado: “Lo que sucede con los aforados es que están en una situación compleja a nivel de cómo configurar su participación en el procedimiento en el que no se les investiga formalmente”.
Ha remarcado que “la situación es igual de problemática con todos los aforados”. “El caso de Mazón --ha añadido-- no es una excepción, sucede en otras causas donde hay posibles aforados”.
En el caso concreto del ‘expresident’, ha indicado que su defensa ha optado por estar presente en el procedimiento al considerar que es la vía “más garantista” y así evitar que se adopten decisiones “a sus espaldas”. “Nunca sabes si aciertas o yerras”, ha apuntado.
Ha recordado que “El TSJCV dice que no se puede investigar a Mazón por ahora pero el problema es que, pese a esa decisión, si en el juzgado continúan preguntando por él, le crea indefensión. Le viene dada por su posición del tribunal valenciano”. A su entender, la regulación de los aforamientos es “complejo” y el sistema “no está bien resuelto en la ley y genera problemas y desajustes”.
Ha añadido que, si Mazón perdiera la condición de aforado, el juzgado podría citarle como investigado “independientemente de estar personado en causa”. En su opinión, “Mi consideración es que Mazón está en un estatus extraño en el que están los aforados”, y ha remachado: “Pasa en más ocasiones y el problema es que no está bien resuelto. Es algo habitual”.
Por su parte, Andreu Moreno ha calificado la situación procesal de Mazón como “un poco extraña” y ha reconocido que no conocía precedentes similares. Considera que permitirle personarse tras el intento de imputación de la jueza es “la opción más garantista”.
En su opinión, esta decisión “es estirar el chicle de los límites de la figura para que él pueda estar sin estar”. “Creo que es estirar las garantías del derecho penal de una forma que, luego, no se ve en otros juicios, en los que las garantías se restringen al máximo”, ha afirmado.
Ha agregado: “Yo, personalmente, como jurista no lo veo mal porque al final es garantista, y ya veremos después esto cómo acaba, si sigue siendo aforado o si hay algún indicio contra él”. Sobre el desenlace, ha concluido: “Creo que nadie sabe cómo se va a resolver la situación. Imagino que será viendo cada punto conforme se vaya planteando”.