El secretario general de la Diputación de Badajoz, Enrique Pedrero Balas, ha detallado este lunes que los cambios en las relaciones de puestos de trabajo (RPT), como la que afectó a David Sánchez, se promueven desde el ámbito político, al tratarse de decisiones de autoorganización interna de la administración provincial.
Pedrero ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz sobre la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por la Diputación pacense, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios y, más tarde, como responsable de la Oficina de Artes Escénicas.
En su declaración, ha indicado que en la diputación las iniciativas parten siempre de un responsable de área, pero que estos expedientes deben sustentarse en una propuesta procedente de un órgano político, que es el que “autoorganiza”.
No obstante, ha recalcado que, “indudablemente”, ese origen político de las decisiones queda sometido al control de legalidad por parte de los funcionarios. En su caso, fue uno de los encargados de supervisar en 2022 la modificación del puesto de trabajo de David Sánchez.
El secretario general ha ratificado lo que ya manifestó ante la jueza del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, al sostener que el procedimiento seguido para la modificación de la RPT fue “impecable” y que dicho cambio no implicaba un nuevo nombramiento, sino un desarrollo ampliado de las funciones que David Sánchez venía realizando.
Ha añadido que, cuando se llevó a cabo la modificación del contrato, no se incorporó ninguna nueva valoración de méritos, dado que esa evaluación ya se había efectuado en el proceso de selección de 2017.
Por último, ha descartado que fuera preciso introducir una referencia expresa a la incompatibilidad de altos cargos en el documento de cambio, al entender que esta cuestión ya está prevista en la normativa vigente.