La disponibilidad de viviendas en alquiler de larga duración cayó en 25.836 inmuebles en 2025, pese a que más de 84.000 pisos turísticos perdieron o no lograron inscribirse en el Registro Único obligatorio para estancias de corta duración, de acuerdo con un informe difundido por Idealista.
Así, los datos de 2025 desmontan la expectativa de que la retirada de decenas de miles de viviendas turísticas se traduciría automáticamente en un mayor parque de alquiler residencial.
El estudio apunta a que muchos propietarios, en lugar de incorporar sus pisos al mercado de larga estancia, han preferido orientarlos al alquiler de temporada, venderlos o incluso mantenerlos desocupados.
EL ALQUILER DE TEMPORADA CAPTA LA OFERTA DESPLAZADA
En contraste con el retroceso del alquiler habitual, el segmento de alquiler temporal –sujeto a menos límites que el turístico– sumó 58.184 viviendas adicionales en 2025.
Por comunidades autónomas, los repuntes más significativos de este tipo de arrendamiento se registraron en Andalucía (+13.832 viviendas), Madrid (+10.766 viviendas), Cataluña (+10.531 viviendas) y la Comunidad Valenciana (+8.709 viviendas).
El análisis subraya que solo en cuatro autonomías aumentó el parque de vivienda en alquiler permanente. La Comunidad Valenciana encabeza este leve avance con 1.131 nuevos contratos, apenas el 8% de las 14.138 licencias turísticas revocadas en ese territorio. A continuación se sitúan Extremadura (+721), La Rioja (+77) y Ceuta (+58).
En el lado contrario destaca Cataluña, que dejó de contar con 15.065 viviendas destinadas al alquiler estable pese a la cancelación de 12.948 licencias turísticas. Andalucía también presentó un balance negativo de 2.678 viviendas de alquiler permanente, a pesar de ser la región con más licencias denegadas (21.294).
IMPACTO DEL REGISTRO ÚNICO
Desde que el registro único entró en vigor el pasado 1 de julio, el Colegio de Registradores ha gestionado más de 400.000 solicitudes. De las 84.000 rechazadas, la mayoría correspondían a pisos turísticos que no se ajustaban a las exigencias legales.
Entre los motivos principales de denegación figuran la ausencia de licencia municipal, la oposición de las comunidades de propietarios (que requieren una mayoría de 3/5) o el intento de destinar a uso turístico viviendas de protección oficial (VPO).
Según Idealista, las cifras de 2025 ponen de manifiesto que la presión normativa sobre los alquileres turísticos, por sí sola, no está resolviendo las dificultades de acceso a la vivienda habitual y está desviando parte de la oferta hacia modalidades de arrendamiento más flexibles y menos intervenidas.