Una mujer de 62 años, una vivienda de su propiedad y una familia con cuatro hijos menores. Así ha sido la llamada de socorro de Y. L. F., vecina de Portugalete (Bizkaia), que podría acabar convirtiéndose en un asunto incómodo para el Partido Nacionalista Vasco, a pocas horas de que la Diputación Permanente del Congreso vote los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.
El dirigente jeltzale Aitor Esteban cuestionó el procedimiento elegido para convalidarlos y aseguró: "Nosotros no lo hubiéramos hecho". Sin embargo, su partido ha anunciado que este jueves respaldará uno de los textos.
DEMÓCRATA ha tenido acceso a las cartas enviadas por la propietaria a Esteban y a la portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, así como a las dos respuestas del PNV. En ellas, la formación reconoce su situación, defiende los derechos de los pequeños propietarios y promete trasladar su caso a ambos dirigentes.
Y. L. F. necesita recuperar su piso para vivir. Desde el 1 de noviembre reside con un familiar y teme que, si sus inquilinos solicitan protección por vulnerabilidad, un procedimiento judicial pueda retrasar hasta dos años la recuperación del inmueble. Su pregunta es sencilla: ¿por qué debe asumir un particular una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas mientras espera a que decida la justicia?
Una casa propia en la que no puede vivir
En 2018, Y. L. F. compró un piso de unos 100 metros cuadrados en el centro de Portugalete. Decidió alquilarlo en enero de 2019 a una familia que actualmente tiene cuatro hijos menores. Durante cinco años cobró 700 euros mensuales. En 2024, la renta pasó a 850 euros, cantidad que, según explica, se mantendrá hasta enero de 2027, fecha en la que finaliza el contrato.
Su situación personal ha cambiado. Y. L. F. se separó en 2017 y, tras la liquidación de la sociedad de gananciales, la vivienda familiar quedó atribuida a su exmarido. Durante ese tiempo, el convenio regulador le permitió permanecer allí temporalmente, pero ese derecho terminó el pasado 1 de noviembre.
Ahora vive con un familiar. Había encontrado otro piso de alquiler, pero la operación se frustró, en su opinión, porque la política de vivienda de este Gobierno está retirando mucha oferta como consecuencia del miedo de los propietarios.
Así que Y. L. F. se encuentra en estos momentos viviendo con un familiar, a sus 62 años. Aunque tiene una vivienda en propiedad, no dispone de ella para establecer su domicilio.
Seis meses buscando alojamiento para sus inquilinos
En noviembre de 2025, y anticipándose a los acontecimientos, Y. L. F. decidió comunicar a los arrendatarios que necesitaba recuperar el inmueble en mayo de 2026. Pero, según su testimonio, la familia rechazó marcharse.
La propietaria asegura que dedicó los seis meses siguientes a buscarles otra casa. De hecho, contactó con inmobiliarias, visitó pisos y negoció con propietarios. Finalmente, encontró una vivienda reformada de 74 metros cuadrados en el centro de Sestao y se ofreció a avalar personalmente a los inquilinos.
Pero, según relata, los inquilinos también rechazaron esa alternativa y le indicaron que, por tener cuatro hijos menores, correspondía al Gobierno proporcionarles una vivienda protegida.
Y. L. F. insiste en que comprende la necesidad de proteger a esa familia. Pero considera que la obligación de encontrar una solución habitacional no debería recaer indefinidamente sobre ella.
"No quiero que nadie pierda su casa. Pero tampoco quiero perder yo la posibilidad de vivir en la mía", explica.
En su escrito al PNV, al que ha tenido acceso DEMÓCRATA, lo expresó en mayúsculas: "ESTOY PIDIENDO PODER VIVIR EN MI PROPIA VIVIENDA".
La petición de ayuda llega a Sabin Etxea
El 14 de octubre, Y. L. F. decidió dirigir una carta a Aitor Esteban y Maribel Vaquero bajo el asunto "Solicitud de protección para los pequeños propietarios que necesitan recuperar su vivienda habitual".
En esa misiva relata su separación, las condiciones del alquiler y las gestiones realizadas para encontrar alojamiento a sus inquilinos. También pidió que la legislación distinguiera entre grandes tenedores y particulares que necesitan recuperar su única vivienda disponible.
"Si una familia se encuentra en una situación de vulnerabilidad y no dispone de una alternativa habitacional, considero que debe ser la Administración quien intervenga y proporcione esa alternativa", escribió.
Según ha explicado a DEMÓCRATA, remitió correos a ambos dirigentes y, además, envió otra comunicación a prensa y entregó personalmente sus peticiones en Sabin Etxea, la sede del PNV en Bilbao.
El PNV reconoce su situación y promete trasladarla a Esteban
El 27 de octubre de este año recibió dos respuestas del servicio Zukesan del PNV. Ambas reconocían las dificultades que atravesaba.
"Desde EAJ-PNV llevamos tiempo defendiendo que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad no puede generar nuevas situaciones de vulnerabilidad", señalaba la primera.
La segunda era todavía más explícita: "Entendemos especialmente su situación porque, como bien explica, no pretende recuperar la vivienda para venderla, especular o incrementar el alquiler, sino para poder vivir en ella".
El partido defendía que no puede tratarse igual a los grandes tenedores y a los pequeños propietarios que necesitan su inmueble como residencia habitual.
"No es razonable trasladar indefinidamente esa obligación a otros particulares que también tienen sus propias necesidades", añadía.
Finalmente, asumía un compromiso: "Haremos llegar su carta a Aitor Esteban y a Maribel Vaquero para que conozcan su situación y puedan tenerla en cuenta en el trabajo parlamentario que se está desarrollando en materia de vivienda".
Esteban: "Nosotros no lo hubiéramos hecho"
La correspondencia cobra especial relevancia ante la votación de este jueves.
El presidente del PNV había cuestionado públicamente que el Gobierno recurriera a la Diputación Permanente para convalidar los decretos. Esteban reconoció que el procedimiento era legal, pero afirmó que "no es ortodoxo" ni "bonito".
"Nosotros no lo hubiéramos hecho, no es lo deseable ni lo que se debería hacer", declaró.
Pese a aquellas reservas, el PNV ha anunciado su voto favorable al Real Decreto-ley 29/2026. La formación rechazará, en cambio, el Real Decreto-ley 28/2026.
La distinción es fundamental. El 28/2026, al que votará en contra, establece renovaciones sucesivas de los contratos por periodos de cinco o siete años, salvo comunicación de no renovación conforme a la ley. También contempla indemnizaciones al inquilino cuando el propietario decide no renovar sin una causa de exención.
El 29/2026, que sí apoyará el PNV, contiene medidas de protección de arrendatarios vulnerables, mecanismos relacionados con la suspensión de determinados desahucios y una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que cumplan los requisitos legales. También contempla excepciones vinculadas a la necesidad del propietario de recuperar la vivienda.
El temor a declararse vulnerable y esperar dos años
Aquí reside la principal preocupación de Y. L. F. No teme únicamente una nueva prórroga. Teme, además, que sus inquilinos soliciten protección por vulnerabilidad y que la recuperación de su vivienda quede pendiente de un procedimiento judicial prolongado.
Por todo ello, y desde hace tiempo, ha contratado a un abogado para estudiar su situación. Según explica, su letrado ya le ha advertido de que un litigio podría demorarse hasta dos años.
Le preocupa también que vivir temporalmente con un familiar o conseguir otro alquiler mientras espera pueda influir en la valoración judicial de su necesidad de recuperar el inmueble.
"Porque además, si yo me voy a un piso de alquiler, o vivo con un familiar, el juez puede interpretar que tengo una alternativa habitacional. Es todo muy confuso. Y muy injusto", sostiene.
Salcedo advierte de una inseguridad jurídica creciente
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas de España, comparte la preocupación por la incertidumbre normativa.
En declaraciones a DEMÓCRATA, advierte de que las modificaciones sucesivas de la legislación sobre alquileres aumentan la inseguridad jurídica y pueden producir efectos que se prolonguen incluso después de una eventual derogación.
Sobre la votación del jueves, afirma: "El PNV afirma que votará a favor de uno de ellos, así que será corresponsable de sus efectos lesivos sobre los alquileres. Que se sepa antes de votar el día 29N".
Una última carta antes de la votación
Después de recibir las respuestas del 27 de octubre, Y. L. F. volvió a escribir al PNV. Agradeció la comprensión expresada, pero cuestionó que el respaldo anunciado al decreto fuera coherente con la defensa de los pequeños propietarios recogida en aquellas comunicaciones.
La mujer asegura que algunas personas de su entorno próximas al partido comparten su malestar. También cree que una rectificación podría modificar esa percepción.
"Si cambia en el último momento, estoy segura de que mucha gente le va a votar", afirma.
Euskadi pierde el 22% de su oferta de alquiler en un mes
La situación que denuncia Y. L. F. se produce en un mercado inmobiliario especialmente tensionado. Según un estudio publicado por idealista el 5 de noviembre, Euskadi perdió el 22% de sus anuncios de viviendas en alquiler entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre de 2026, frente al 19% registrado en el conjunto de España.
Las tres capitales vascas experimentaron descensos importantes: Vitoria, un 27%; San Sebastián, un 24%; y Bilbao, un 21%. En toda España desaparecieron 26.531 anuncios de la plataforma durante ese periodo. El estudio comprende tanto alquileres habituales como de temporada.
A las dificultades para acceder a una vivienda se añade el problema de la ocupación ilegal. Según los datos oficiales de la Ertzaintza, en 2025 se registraron 766 infracciones relacionadas con la ocupación de inmuebles en Euskadi, equivalentes al 0,53% del total de infracciones penales: 467 usurpaciones y 299 allanamientos.
Gipuzkoa concentró el 43% de los casos, Bizkaia el 41% y Álava el 16%. Las cifras superan las de 2024, cuando se contabilizaron 454 usurpaciones y 257 allanamientos.
GAD3 sitúa a EH Bildu por delante del PNV y complica su grupo propio
La votación llega también en un momento electoral delicado para los nacionalistas. El último barómetro de GAD3 para ABC, publicado el 9 de noviembre, atribuye ocho diputados a EH Bildu y cuatro al PNV en las elecciones generales del 29N.
La encuesta, elaborada con 1.502 entrevistas entre el 3 y el 5 de noviembre, estima un 1,5% del voto estatal para EH Bildu y un 0,9% para el PNV.
Con cuatro diputados, el PNV no alcanzaría por sí solo el mínimo de cinco escaños exigido para constituir grupo parlamentario propio por la vía prevista para las formaciones con menos de quince representantes.