Castilla y León rechaza el nuevo Plan de Vivienda por repetir errores y reclama más diálogo al Gobierno

Castilla y León critica el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 por repetir errores del anterior y exige al Gobierno central más diálogo y menos imposición.

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El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha cargado contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno central, que prevé 378 millones de euros para la Comunidad, al entender que vuelve a incurrir en los mismos “principales defectos y errores” que, a su juicio, explican la situación actual y el “fracaso” del plan anterior. Al mismo tiempo, ha reclamado “diálogo” con todas las autonomías y ha rechazado cualquier fórmula de “imposición”.

Carriedo ha afirmado que la vivienda se ha convertido en el “primer problema” para los ciudadanos como consecuencia de una política “equivocada” del Ejecutivo central. En esta línea, ha denunciado que en la preparación del nuevo plan ha faltado “diálogo” y ha “sobrado imposición” hacia las comunidades autónomas.

El portavoz ha recalcado que las comunidades son quienes gestionan las competencias y las “principales interesadas” en plantear propuestas, pero ha criticado que apenas se les haya permitido participar ni se haya atendido su criterio. “Es un error en el que el Gobierno quiere incidir”, ha reiterado Carriedo, que demanda una política “diferente”, con “más realidades y menos promesas”.

Asimismo, ha destacado que Castilla y León figura como la segunda comunidad con menor subida de precios y la tercera con la vivienda más barata del país, según datos de portales especializados de los últimos cinco años. Por este motivo, ha defendido mantener las políticas que han generado esta “ventaja comparativa” en lugar de verse forzados a aplicar medidas que, según ha señalado, han “fracasado” allí donde ya se han puesto en marcha.

Para concluir, el consejero ha pedido al Gobierno que convoque a las comunidades, “huya de la imposición” y articule mecanismos de escucha real con el fin de consensuar políticas de vivienda que den resultados efectivos.