Costes, acceso y seguridad jurídica, las objeciones del sector que aconsejan revisar el real decreto de FP antes de aprobarlo

El Gobierno ha solicitado un dictamen urgente al Consejo de Estado sobre el proyecto de calidad de los centros privados de FP. Fuentes del sector piden revisar los costes de implantación de la propuesta, las nuevas exigencias que plantea y los plazos de adaptación antes de aprobarlo

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón | EuropaPress
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El proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados de Formación Profesional avanza hacia su aprobación con varias cuestiones abiertas: cuánto costará aplicar las nuevas obligaciones, cómo afectarán a la oferta y qué condiciones tendrán los estudiantes que ya están matriculados.

El Consejo de Ministros del 10 de noviembre solicitó al Consejo de Estado un dictamen urgente. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido por Milagros Tolón, busca garantizar que los centros dispongan de profesorado, instalaciones y recursos suficientes. Para ello, plantea nuevas condiciones sobre la oferta mínima de enseñanzas, el número de alumnos por docente y la presencialidad de la formación virtual, entre otras medidas.

Fuentes del sector de la formación privada coinciden en la necesidad de reforzar la calidad de la FP pero cuestionan que todos esos requisitos estén suficientemente justificados. Piden evaluar sus efectos conjuntos y revisar aquellos que puedan dificultar la actividad de los centros o el acceso del alumnado sin aportar una mejora educativa demostrable.

Cuánto costará aplicar todos los cambios

Una de las principales críticas sectoriales es que las obligaciones se aplicarán al mismo tiempo y sobre los mismos centros, por lo que estos tendrán que adaptar plantillas, horarios, instalaciones y oferta formativa, además de cumplir nuevas exigencias de seguimiento y documentación.

La memoria ministerial calcula una parte de ese esfuerzo. En el escenario utilizado para la FP virtual, pasar de 90 a 50 estudiantes por profesor, tal y como propone Educación, elevaría el coste docente de 429 a 772 euros por alumno y curso: aproximadamente un 80 % más.

La cifra se refiere al gasto de profesorado estimado por el Ministerio. No significa que las matrículas vayan a subir un 80 % ni recoge todo el coste de impartir un ciclo.

Fuentes del sector reclaman ampliar el cálculo para incluir las necesidades de espacios, la organización de las actividades presenciales y los gastos que puedan asumir los estudiantes por transporte o conciliación. También piden estudiar qué ocurre cuando todas las medidas se combinan.

El Ministerio considera que reforzar el profesorado mejorará la atención individualizada y no prevé una reducción significativa de la capacidad del sistema para atender la demanda. Fuentes del sector advierten, en cambio, de que algunos centros podrían trasladar costes a las matrículas o reducir determinadas enseñanzas.

Son riesgos que deben evaluarse. 

Por qué se cuestiona la oferta mínima

El proyecto ministerial exige a los centros privados una oferta presencial de grados D —los ciclos formativos— que cumpla una de dos condiciones: dos familias profesionales con al menos dos ciclos en cada una, o un itinerario de grado básico, medio y superior de una misma familia cuando exista esa estructura.

También incorpora la obligación de ofrecer grado básico cuando las familias autorizadas dispongan de títulos de ese nivel.

El Gobierno pretende asegurar una oferta estable y con recursos suficientes. Fuentes del sector cuestionan, sin embargo, que obligar a impartir más enseñanzas demuestre la calidad de las que un centro ya ofrece. Su argumento es que un centro especializado puede tener buenos docentes, equipamiento adecuado y resultados acreditados sin necesitar ciclos de otras áreas. Ampliar su catálogo supondría contratar personal, disponer de instalaciones y asumir inversiones para enseñanzas que quizá no tengan demanda suficiente. Por ello, piden que la autorización se centre en comprobar los medios y la calidad de cada oferta, sin convertir el tamaño del centro en una condición general para continuar su actividad.

Presencialidad y profesorado con reglas más rígidas

Las objeciones del sector al proyecto también afectan a la FP virtual y semipresencial. El proyecto introduce un mínimo general de actividad lectiva presencial en la enseñanza virtual, reduce progresivamente las ratios y vincula las horas lectivas y de tutoría del profesorado a las de la modalidad presencial.

Fuentes del sector sostienen que esas exigencias deben ajustarse a cada enseñanza. No todas las competencias requieren las mismas prácticas, los mismos equipos o la misma organización docente.

Proponen que la asistencia física se determine por los aprendizajes que la necesitan y que la dedicación del profesorado se adapte a tareas como tutorías, correcciones, preparación de materiales y seguimiento individual.

La preocupación es que una regulación demasiado uniforme reste flexibilidad a quienes estudian a distancia porque trabajan, tienen responsabilidades familiares o viven lejos de un centro.

La calidad y las diferencias entre centros

Otro punto de discusión es el trato que reciben los centros según su titularidad o financiación. El título I establece condiciones para los privados y excluye a los sostenidos con fondos públicos.

Fuentes del sector piden justificar esa diferencia. Defienden que, si un requisito es esencial para garantizar la calidad de una misma enseñanza, su aplicación debe responder a criterios equivalentes, con independencia del régimen del centro.

También solicitan aclarar la situación de los centros que combinan enseñanzas concertadas y otras financiadas mediante matrículas privadas. Reclaman evitar que esa convivencia les obligue a reorganizar ofertas que ya cuentan con autorización.

La cuestión planteada es qué diferencias de control o funcionamiento justifican obligaciones distintas y cuáles deberían ser comunes.

Por qué el Gobierno lo tramita por urgencia

La memoria ministerial defiende acelerar la norma, mediante su tramitación de urgencia, para que centros y administraciones dispongan cuanto antes del marco necesario para planificar los cambios. El Gobierno también invoca los plazos de implantación del sistema de FP y la necesidad de evitar incertidumbre sobre la oferta, las admisiones, la organización académica y las acreditaciones. Añade que las administraciones necesitan tiempo para adaptar procedimientos y plataformas.

Fuentes del sector, por su parte, consideran insuficiente esa explicación. En declaraciones a DEMÓCRATA indican que el crecimiento de la FP privada y virtual es un proceso conocido y piden concretar qué circunstancia obliga a acortar los plazos ordinarios. "La tramitación de urgencia resulta absolutamente injustificada. Las razones que aducen en la memoria son directamente falsas. El RD 659 lleva mucho tiempo vigente y a partir de él las CCAA han regulado sin ningún problema ni necesidad de este nuevo texto. Esto podría ser causa de impugnación de la norma, igual que ha ocurrido con el RD de universidades", advierten.

Reclaman, además, tiempo para debatir el articulado y sus consecuencias con las organizaciones empresariales y sindicales. A su juicio, la participación debe permitir estudiar alternativas e introducir cambios antes de la aprobación.

Qué pasará con los centros y alumnos actuales

El proyecto contempla hasta el 31 de diciembre de 2030 para que los centros ya autorizados se adapten a las condiciones del título I. La reducción de ratios tiene su propio calendario, que culmina al inicio del curso 2030-2031.

Fuentes del sector piden explicar con claridad qué plazo corresponde a cada obligación, especialmente a los cambios sobre modalidades, presencialidad y organización docente introducidos mediante las disposiciones finales.

Proponen ampliar la adaptación hasta el inicio de 2032-2033 y aplicar los cambios por cursos académicos completos. Esa fecha es una petición del sector, no un plazo aprobado.

También reclaman una garantía expresa para quienes ya estudian: que puedan terminar sus enseñanzas en condiciones académicas equivalentes a las que tenían al matricularse y que cualquier reorganización preserve su formación, evaluación y titulación.

Las revisiones que reclama el sector

La respuesta del sector a la propuesta del ministerio incluye ajustar la presencialidad a las competencias de cada título, permitir una organización docente adaptada a la enseñanza virtual y evitar trámites que repitan comprobaciones ya realizadas por otra administración.

También piden que los controles distingan entre errores documentales y problemas graves de calidad, con posibilidades de subsanación antes de retirar una autorización cuando no exista un riesgo que exija actuar de inmediato.

Con el dictamen del Consejo de Estado solicitado, el proyecto entrará en una fase relevante de su tramitación. El Gobierno defiende nuevas garantías para el alumnado. Fuentes del sector reclaman que, antes de aprobarlas, se aclare cuánto cuestan, qué mejora aporta cada una y cómo se evitará que dificulten el acceso a la FP.