El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido por Milagros Tolón, ha presentado un proyecto de real decreto para reforzar las garantías de calidad de los centros privados de FP. La propuesta incorpora nuevas exigencias sobre profesorado, instalaciones, oferta formativa y colaboración con empresas, además de modificar la organización de las modalidades virtual y semipresencial.
El objetivo declarado del Gobierno es asegurar que los centros dispongan de medios suficientes y que el alumnado adquiera las competencias de cada enseñanza. En conversación con DEMÓCRATA, fuentes del sector, pese a coincidir en los objetivos de mejora de la calidad de la enseñanza, discrepan con el Ejecutivo en cómo conseguirlo. Plantean dudas sobre si las obligaciones propuestas están suficientemente justificadas y si pueden introducir barreras que dificulten el acceso a la formación.
En qué fase está el real decreto
El proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados de FP continúa en tramitación. El Consejo de Ministros del pasado día 10 acordó solicitar al Consejo de Estado un dictamen urgente, con fecha límite del 19 de noviembre.
El Gobierno ha optado por el real decreto como instrumento reglamentario para llevar adelante la reforma, así como por tramitarlo por urgencia, acortando los plazos ordinarios. El Ejecutivo fundamenta esta decisión en la necesidad de disponer cuanto antes del marco regulador para que centros y administraciones puedan planificar y aplicar los cambios.
La memoria también invoca los plazos de desarrollo e implantación del sistema de FP previsto en la Ley Orgánica 3/2022. Sostiene que retrasar la aprobación generaría incertidumbre sobre la oferta, las admisiones, la organización académica y la expedición de acreditaciones. Añade que las administraciones necesitan adaptar con antelación sus procedimientos, plataformas tecnológicas y sistemas de información.
Qué cambia respecto a la presencialidad actual
La FP virtual ya está sometida a requisitos de seguimiento, tutoría y evaluación. La regulación estatal vigente también exige pruebas finales presenciales, por lo que estudiar a distancia no equivale actualmente a completar toda la formación sin acudir físicamente a un centro. La novedad principal del proyecto es establecer una banda general de actividad lectiva presencial: entre el 15 % y el 39 % en la modalidad virtual y entre el 40 % y el 60 % en la semipresencial. Estos intervalos introducirían un marco porcentual estatal común frente a la regulación actual, que no fija esas horquillas generales.
La formación en empresa queda fuera del cómputo de actividad lectiva utilizado para calcular los porcentajes. Por tanto, no sería correcto aplicarlos directamente a la duración total de cualquier título sin distinguir sus componentes.
El texto también contempla particularidades para las enseñanzas que habilitan para profesiones reguladas: deberán respetar las exigencias de presencialidad de su normativa específica, aunque superen el máximo general previsto para la modalidad virtual.
Objeciones sectoriales
Fuentes del sector cuestionan el mínimo obligatorio de presencialidad que plantea el Gobierno. Su objeción se basa en que la asistencia física no debe utilizarse como una medida automática de calidad, "sino justificarse por lo que el alumno necesita aprender y demostrar". Desde ese planteamiento, cuestionan que todas las ofertas virtuales deban alcanzar un suelo del 15 %, aunque sus módulos, metodologías y necesidades de equipamiento sean diferentes. Así, proponen sustituir esa obligación general por actividades presenciales vinculadas a resultados de aprendizaje concretos, con una programación que pueda situarse entre el 0 % y el 39 %.
Esta posicion no plantea prescindir de las prácticas necesarias ni de las garantías de evaluación. Defiende mantener la presencia física cuando sea imprescindible para utilizar equipos, adquirir destrezas o comprobar competencias, evitando añadir asistencia que no aporte un valor formativo efectivo.
La Cámara de Comercio de España, en su informe sobre el proyecto de Educación, también respalda la mejora de la calidad de la FP, pero pide preservar la utilidad de la formación virtual para trabajadores, personas con responsabilidades familiares y residentes en zonas con poca oferta. Considera que la presencialidad debe justificarse por los aprendizajes y las características de cada enseñanza. Si se mantienen porcentajes mínimos, reclama aclarar su cálculo, las actividades que computan y su aplicación a matrículas parciales, además de permitir agrupar sesiones cuando resulte adecuado.
El problema para quienes trabajan o viven lejos
Las observaciones sectoriales sitúan el acceso en el centro de la discusión. Una persona puede disponer de tiempo para estudiar de forma autónoma y, sin embargo, tener dificultades para acudir regularmente a un centro por sus turnos laborales, sus responsabilidades de cuidado o la distancia desde su domicilio.
El perfil del estudiante que se inclina por este tipo de formación suele ser el de personas que combinan sus obligaciones diarias laborales con el estudio fuera del ámbito laboral por lo que el nuevo modelo dejaría a mucha gente sin esa opción para conseguir un título oficial. Un suelo del 15% de presencialidad equivale a 4 horas semanales de clases en un lugar físico.
El efecto no depende únicamente del porcentaje. También importa cómo se distribuyen las sesiones, dónde se celebran y con cuánta antelación se conocen. Un bloque concentrado de prácticas y varias asistencias semanales pueden sumar las mismas horas, pero exigir una organización personal muy diferente.
El sector también pide evaluar los gastos de desplazamiento, alojamiento y conciliación, además de los costes que asumirían los centros. Advierte de que imponer presencialidad sin medir esos efectos puede dificultar la participación precisamente de quienes recurren a la modalidad virtual por no poder seguir una enseñanza presencial ordinaria.
Profesorado y ratios también condicionan la flexibilidad
La crítica a la presencialidad se conecta con otras dos medidas: la equiparación del mínimo de horas lectivas y de tutoría del profesorado virtual y semipresencial con el presencial, y las nuevas ratios.
Fuentes del sector sostienen que la formación digital combina tareas distintas —sesiones en directo, preparación de materiales, seguimiento, corrección y tutoría— y que su organización no debería trasladar automáticamente la estructura de la enseñanza presencial.
Reclaman una dedicación docente suficiente y verificable, adaptada al alumnado y a la metodología. También cuestionan que una ratio uniforme refleje necesidades tan diferentes como desarrollar contenidos comunes, supervisar prácticas o atender individualmente a un estudiante.
En el caso de las ofertas de grados A, B y C dirigidas a personas ocupadas y desempleadas, piden un tratamiento específico que tenga en cuenta su duración, sus destinatarios y la compatibilidad con el empleo.
Acercar las pruebas sin duplicar trámites
Otra objeción al proyecto de Educación se refiere a la posibilidad de organizar pruebas y actividades cerca del domicilio del alumnado. El sector propone permitir su celebración mediante convenios con otros centros del sistema de FP, incluso en una comunidad autónoma diferente, con los correspondientes mecanismos de comunicación y supervisión.
La regulación vigente ya contempla autorizaciones territoriales para actividades presenciales recurrentes y comunicaciones para determinadas actuaciones fuera de la comunidad de autorización. La discusión consiste en delimitar qué control necesita cada actividad y evitar repetir una autorización completa cuando sea suficiente un trámite específico.
También se plantea admitir evaluación a distancia cuando la naturaleza de las competencias y las garantías de identificación, autoría y supervisión lo permitan. Por el contrario, mantiene la evaluación presencial cuando resulte necesaria para comprobar destrezas prácticas o utilizar equipamientos específicos.
Las objeciones generales que enmarcan la polémica
Las críticas sobre la FP virtual forman parte de un cuestionamiento más amplio del proyecto. El sector reclama completar la evaluación económica conjunta, reducir duplicidades administrativas, justificar las diferencias entre centros según su titularidad o financiación y aclarar los plazos de adaptación.
También rebate la motivación de la urgencia. Sostiene que la expansión de la formación virtual y el crecimiento de la oferta privada son procesos conocidos y pide explicar qué circunstancia extraordinaria exige acortar los plazos. Reclama, además, un diálogo social efectivo antes de la aprobación del real decreto.
El Gobierno, por su parte, defiende que disponer pronto del nuevo marco permitirá ordenar la oferta y planificar los cambios.
El punto de coincidencia es mejorar la calidad; la controversia está en cómo hacerlo sin debilitar la flexibilidad y el acceso que justifican la existencia de la FP virtual y semipresencial.