La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha remitido una respuesta al Ayuntamiento de València en la que aclara que la responsabilidad sobre la acampada de docentes en la Plaza de la Virgen recae en el consistorio, al tratarse de una ocupación de la vía pública para la que “todo elemento de ocupación de la vía pública debe tener la autorización” municipal y cuyo incumplimiento “será una falta administrativa” que la administración local “deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa”.
Fuentes de la Delegación del Gobierno se pronuncian de este modo después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, atribuyera al Cuerpo Nacional de Policía y a la propia Delegación del Gobierno la competencia sobre esta acampada improvisada, y expresara su intención de que las celebraciones del Corpus previstas esta semana en esa zona céntrica de la ciudad puedan desarrollarse “con normalidad”.
Desde la Delegación del Gobierno recuerdan que las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de València “señalan que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal” y aluden al artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal, que junto con el artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines “prohíben la pernocta y acampada”.
Al mismo tiempo, Delegación del Gobierno incide en que su labor es garantizar el ejercicio del derecho de reunión y recalca que, según el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”.
En esta línea, subrayan que “La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor. En ello seguiremos trabajando”, tal y como remarcan desde la administración encabezada por Pilar Bernabé.