La portavoz del grupo municipal Comú de Lleida, Laura Bergés, ha reprochado al gobierno del PSC liderado por Félix Larrosa su intención de sacar adelante una nueva ordenanza de civismo que incluya la prohibición del uso del burka en la vía pública. En declaraciones a Europa Press este miércoles ha afirmado: “No soluciona el problema, lo amplifica”.
Bergés ha admitido que “Es un problema que haya mujeres que no puedan exhibir la cara”, pero ha cuestionado con dureza la forma en que el Partido Socialista está afrontando este asunto, que considera “más propio de otros partidos”. A su juicio, no es casual que los socialistas hayan decidido activar esta iniciativa justo un día después de hacerse pública la séptima prórroga del contrato de limpieza del ayuntamiento.
Ha señalado que, sin restar relevancia al debate, la medida afectaría únicamente a unas 10 mujeres en toda la ciudad y ha criticado que el equipo de gobierno no haya desarrollado “ningún trabajo previo” en materia de integración con el colectivo musulmán ni con las mujeres que utilizan estas prendas.
Según ha denunciado, “No ha hecho nada para convencerlas, seducirlas, ayudarlas, acompañarlas, intervenir en sus entornos para evitar que lleven estas vestimentas”, y ha advertido de que este tipo de decisiones alimentan la polarización social y refuerzan discursos que, a su entender, deberían combatirse desde las instituciones.
Debate sobre la constitucionalidad
Ha recordado que en 2010 Lleida ya trató de vetar el burka y el niqab en edificios y dependencias municipales, pero aquella ordenanza fue anulada por el Tribunal Supremo al considerar que los ayuntamientos carecen de competencias para restringir este derecho fundamental. Bergés teme que el escenario pueda repetirse con la nueva norma.
“Entiendo que esto tiene dificultades de encaje legal, porque efectivamente existen estas sentencias que lo habían tumbado previamente. Volver a insistir nos preocupa sobre todo porque no se está haciendo lo que podría ser efectivo de verdad para generar convivencia y evitar situaciones de discriminación de la mujer”, ha manifestado.
Postura del Comú ante la ordenanza
La concejala ha explicado que su grupo está analizando el texto completo de la ordenanza y ha avanzado que, si durante el periodo de alegaciones hasta la votación final no se introducen cambios sustanciales, el Comú de Lleida no la respaldará. Además, ha mostrado su rechazo a otros puntos del documento.
En concreto, discrepa del enfoque que se da a la prostitución y ha reclamado una regulación específica para esta realidad: “No nos parece un tema de civismo, sino de violencia sexual”. También ha denunciado que el régimen sancionador presenta un sesgo contra la pobreza, al prever multas elevadas para conductas que, previsiblemente, llevarán a cabo personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo lavarse en fuentes públicas.