La portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ha cuestionado este miércoles el borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el siniestro de la mina de Cerredo, al entender que incorpora “errores”, “juicios de valor” y que no fija una “relación directa” entre los hechos examinados y las responsabilidades que se pretenden exigir. “No podemos señalar, con lo que tenemos en este momento encima de la mesa, a personas concretas como corresponsables de este accidente”, ha subrayado, en alusión al Informe de la Inspección General de Servicios y al nuevo texto.
En una comparecencia posterior a la Junta de Portavoces, Carcedo ha descrito el borrador como “un texto deslavazado con opiniones que no se sustentan con argumentos, que tiene muchos juicios de valor, que incluye errores y cuyas conclusiones no se apoyan en los testimonios que hemos ido escuchando a lo largo de toda la comisión”. Ha recalcado que el Grupo Socialista discrepa “ni la forma, ni tampoco el fondo”.
Respecto al contenido del documento, la diputada ha defendido que, con la información disponible, no se puede establecer una conexión directa entre el accidente y la actuación de la Administración en sus procedimientos, por lo que considera que “no se justifica en modo alguno el señalamiento de responsabilidades personales, ni políticas ni técnicas”.
Carcedo ha recordado además que el trabajo de la comisión debe ceñirse al “marco de actuación” fijado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023. “Ese Tribunal Constitucional ya delimita y contextualiza dónde puede operar la Junta General del Principado en el marco de la Comisión de Investigación”, ha indicado al referirse al alcance del dictamen.
Desde Convocatoria-IU, la otra fuerza que sostiene al Ejecutivo autonómico, su portavoz parlamentario, Xabel Vegas, se ha desmarcado de la posición socialista y ha enfatizado que las responsabilidades políticas son “muy claras”. A su juicio, el dictamen tiene que servir para depurar responsabilidades políticas, aunque ha advertido de que le parece “un enorme error” que se dirija contra funcionarios públicos.
Vegas ha incidido en que “no puede ser que en una Cámara que representa a los asturianos señale responsabilidades políticas y esas personas señaladas sigan ostentando cargos públicos”. “Nos parecería enormemente preocupante”, ha añadido.
El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha defendido que el borrador apunta a responsabilidades políticas al aludir a varios ex altos cargos de Industria y ha acusado a la Administración de haber “adecuado a capricho” autorizaciones de proyectos de investigación, suprimido controles de inspección minera y avisado a posibles infractores, lo que, ha dicho, desembocó en extracciones ilegales y en el siniestro con seis fallecidos.
Aunque ha admitido que la responsabilidad directa recae en la empresa, ha insistido en que en la comisión deben dilucidarse responsabilidades políticas que, a su entender, el Gobierno y la FSA “niegan” para “desviar la atención”.
Venta ha calificado el borrador de dictamen de “bastante equilibrado” y “atinado”, al considerar que “recoge bastante bien todo lo que se ha tratado” en la comisión y “refleja honestamente lo que ha pasado con Cerredo”. También ha advertido de que, si no se asumen responsabilidades, “alguien las está frenando”, y ha reclamado llegar “hasta el final” por respeto a las familias de las víctimas.
La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha asegurado que se ha puesto de manifiesto un “fallo sistemático” de la Administración y ha mostrado su respaldo al “fondo” del texto. López ha ido más lejos al señalar como “máximo responsable” al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que tacha de incapaz de “liderar y gestionar adecuadamente” el Gobierno.
Por otro lado, el portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha considerado “correcto” que, junto a los cargos políticos, “funcionarios públicos sean objeto de petición de responsabilidades”. Se ha mostrado muy crítico con la “utilización de los proyectos de investigación complementaria como coladero”. “No están amparados por ninguna norma jurídica y por lo tanto lo que tenemos también que determinar es quién está detrás de esa figura”, ha remarcado, calificándolos de “fraude de ley”.
PRESENTACIÓN DEL BORRADOR
El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, ha cargado especialmente contra la diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación, Covadonga Tomé, a la que ha acusado de “oportunismo, más propio de la derecha y extrema derecha” y de haberse comportado más como partido, como Somos, que como presidenta.
Vegas ha censurado que el texto no se remitiera primero a la comisión para su debate, presentación de enmiendas y votos particulares, sino que se diera a conocer públicamente antes en una rueda de prensa.
Tomé ha replicado a las críticas de Vegas asegurando que el borrador del dictamen se remitió en primer lugar al Grupo Socialista y al letrado de la Cámara antes de la rueda de prensa de presentación, y que el documento quedó colgado en la carpeta de la comisión para el resto de formaciones.
La parlamentaria ha respondido también a las declaraciones de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a las que ha tildado de “discurso enlatado”. Lastra se había referido por la mañana al borrador, que considera un “dislate jurídico y despropósito político”, y aseguró que los letrados no lo habían examinado antes de su exposición pública.
La diputada del Grupo Mixto ha reiterado que el “caiga quien caiga de Barbón no puede limitarse a declaraciones”, sino que debe traducirse en responsabilidades personales e institucionales, y ha remarcado que una mina es dominio público cuya vigilancia incumplió la Administración al autorizar a una empresa sin solvencia técnica ni financiera”.
“Una mina es un dominio público y que sobre ese dominio público la administración tiene una responsabilidad clara. Es verdad que lo explota una empresa privada, pero una empresa privada a la que la administración concede o no la posibilidad de operar”, ha aseverado.
En relación con la sentencia del Constitucional en la que se apoya el Grupo Socialista, Tomé afirma “que quieran sacar a bailar esa sentencia para tratar de argumentar una debilidad jurídica por parte de la propuesta de dictamen”. “Es el argumento endeble de quien no tiene ningún tipo de argumento”, ha reprochado. Tomé ha precisado que “no tiene absolutamente nada que ver”, ya que se refiere específicamente “a interrogatorios realizados a una persona en concreto durante la fase de comparecencias, que aquí no cabe, no procede”.