QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Ciencia y Universidades ha sacado a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo día 5 de diciembre. El Gobierno aspira a que la norma integre los compromisos internacionales, los retos industriales y científicos que caracterizan este ámbito, y a que articule mecanismos de coordinación interministerial.
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Con esta consulta, el departamento que lidera Diana Morant busca actualizar el marco normativo vigente que consideran «limitado» para hacer frente a los actuales retos pues estaba pensado «para las necesidades de otra época y contexto geopolítico».
El régimen jurídico por el que se rige España está muy vinculado al Derecho Internacional, como estado miembro de los principales acuerdos en este campo (por ejemplo, el Tratado del Espacio de 1967 o el Convenio de Responsabilidad de 1972), e irremediablemente al proceso normativo europeo. En este sentido, la propuesta que finalmente remita el Gobierno a las Cortes deberá ir en el mismo sentido que la futura EU Space Act (EUSA) que actualmente negocian los 27.
Tanto en el plano nacional, como el comunitario, la necesidad de adecuar la legislación, deriva del proceso de democratización del acceso y la comercialización del espacio ultraterrestre. A este respecto, España ya aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional (2021) y la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional (2025).
Aunque el paso clave fue la creación en 2023 de la Agencia Española Espacial (AEE), que tiene entre sus fines centralizar competencias previamente dispersas y representar de forma unificada a España en el plano internacional.
La decisión del Gobierno de sacar a consulta pública la Ley de Actividades Espaciales responde precisamente al mandato del Real Decreto del Estatuto de la AEE.
Líneas de actuación
Con este proceso de participación pública, el ministerio de Ciencia y Universidades, abre la puerta a la mejora del régimen de autorizaciones a fin de establecer un procedimiento unificado de requisitos técnicos, financieros y de seguridad, para quienes deseen lanzar satélites, operar constelaciones o implantar infraestructuras espaciales.
A juicio del Ejecutivo, la ausencia del mismo limita la capacidad de atracción de inversiones, genera inseguridad y dificulta dar cumplimiento con los compromisos internacionales.
La necesidad de actualizar el marco normativo en materia de seguridad, no solo hace referencia al plano procedimental, sino también al físico. El aumento de objetos en órbita y la multiplicación de actores privados han elevado los riesgos de colisiones, interferencias y generación de desechos. Y el marco actual no obliga a los operadores a contar con planes de seguridad, emergencia o ciberprotección.
¿Y la cuenta?
Los tratados internacionales atribuyen a los Estados la responsabilidad de los daños ocasionados por los objetos espaciales registrados bajo su jurisdicción. Pero en España, aún no se ha establecido un sistema que exija a los operadores disponer de seguros o garantías financieras suficientes. El Gobierno advierte que este escenario «podría trasladar una parte significativa del riesgo al erario público y afectar negativamente a la confianza internacional».
En este sentido, abogan por una regulación nacional que prevea estos casos adecuando la obligación de ciertas garantías acordes a la actividad espacial a realizar, así como las necesarias excepciones.
Seguridad Nacional
Por otro lado, hay satélites, estaciones en tierra y centros de control que sostienen servicios esenciales para la seguridad nacional pero que carecen de un marco legal Nacional. Y al no estar asociadas a agencias o programas europeos quedan expuestas a vulnerabilidades físicas, energéticas y cibernéticas. La propuesta del Gobierno considera una «obligación» dotarles de ciertas garantías de acuerdo con las actividades que realizan.
Industria y sosteniblidad
En línea con las intenciones del Ejecutivo, la futura Ley de Actividades Especiales pretende ser consecuente con la sostenibilidad. Para ello defienden la puesta marcha de prácticas responsables a lo largo de todo el proceso, desde el diseño hasta la retirada de objetos.
El texto lanzado a consulta pública también pone de manifiesto la necesidad reconocer la importancia de la industria espacial y los centros de investigación espaciales duales, tanto civil como militar.
Por último, el anteproyecto de norma esbozado por el Ministerio de Ciencia y Universidades es partidario de que las competencias del Registro Español de Objetos Espaciales, creado en 1995, queden asignadas a la AEE.
