Estados Unidos vuelve a mirar de frente una de sus constantes más oscuras: la violencia política contra sus presidentes. El intento de atentado registrado esta pasada noche en Washington contra Donald Trump eleva a tres los ataques sufridos por el actual mandatario en apenas dos años, una secuencia sin precedentes recientes y que reactiva el debate sobre la seguridad presidencial en un país marcado por los magnicidios.
El último episodio se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton. Un hombre armado irrumpió en la zona de seguridad y fue reducido por el Servicio Secreto antes de alcanzar el salón principal donde se encontraba Trump. El sospechoso, identificado como Cole Allen, de 31 años y natural de California, fue detenido. El presidente resultó ileso.
Tres ataques en una misma etapa política
El atentado frustrado de Washington no es un caso aislado. Trump ya había sobrevivido a otros dos episodios graves desde 2024.
El primero tuvo lugar el 13 de julio de 2024, en un mitin electoral en Butler (Pensilvania). Mientras pronunciaba un discurso de campaña, un tirador abrió fuego contra el escenario. Trump sufrió una herida en la oreja derecha causada por el roce de una bala. En el ataque murió un asistente y otro resultó herido. El autor, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por las fuerzas de seguridad.
Dos meses después, el 15 de septiembre de 2024, se produjo un nuevo intento en el club de golf de Trump en West Palm Beach (Florida). Agentes del Servicio Secreto detectaron a un hombre armado con un rifle oculto entre la vegetación próxima al recorrido. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó del lugar y fue arrestado posteriormente.
A esos episodios se sumó un incidente adicional el 12 de octubre de ese mismo año, cuando Vem Miller, de 49 años, fue detenido armado en un control de seguridad antes de un acto político en Coachella, California. Aunque fue liberado bajo fianza y negó intenciones homicidas, el caso aumentó la preocupación en torno a la seguridad del entonces candidato republicano.
Una constante histórica en Estados Unidos
La violencia contra los líderes políticos no es nueva en la historia estadounidense. Cuatro presidentes en ejercicio han sido asesinados desde la fundación del país.
El primero fue Abraham Lincoln, abatido en 1865 en el Teatro Ford de Washington por el actor confederado John Wilkes Booth. Le siguió James A. Garfield, tiroteado en una estación ferroviaria en 1881. En 1901 fue asesinado William McKinley durante un acto público en Buffalo, y en 1963 cayó John F. Kennedy, asesinado en Dallas durante un desfile en coche descapotable.
La estadística es contundente: uno de cada nueve presidentes de Estados Unidos ha muerto víctima de un ataque.
Intentos fallidos y supervivientes
Además de los asesinatos consumados, varios mandatarios han sobrevivido a atentados. Theodore Roosevelt recibió un disparo en 1912 durante un discurso en Milwaukee y continuó hablando tras el impacto. Ronald Reagan fue gravemente herido en 1981 al salir de un hotel en Washington.
También Harry Truman, Gerald Ford y Bill Clinton afrontaron ataques o intentos frustrados durante sus mandatos.
Armas, polarización y exposición pública
Expertos en seguridad señalan tres factores estructurales que explican esta singularidad estadounidense: la enorme circulación de armas de fuego, la creciente polarización política y la extrema exposición pública de sus dirigentes.
Estados Unidos combina una vida política altamente mediatizada con una legislación armamentística mucho más permisiva que la de otras democracias occidentales, lo que multiplica los riesgos.
Trump y una presidencia bajo amenaza
Los tres ataques sufridos por Trump en dos años convierten su etapa política en una de las más sensibles de la era moderna en materia de seguridad presidencial. El último incidente, en pleno corazón institucional de Washington, vuelve a plantear preguntas incómodas sobre el clima político del país.
Más allá del impacto inmediato, la sucesión de atentados evidencia que la violencia política sigue siendo una amenaza real en la primera democracia del mundo.