QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Segundo año en vigor del Código de Conducta de las Cortes Generales y segundo ejercicio sin rastro de posibles conflictos de intereses por parte de sus señorías. “La Oficina de Conflicto de Intereses no ha recibido ninguna consulta, ni tampoco ninguna información, relativa a conflicto de intereses o a cumplimiento de los principios generales de conducta por parte de los parlamentarios”. Así lo indica en su informe anual, conocido ayer, el órgano encargado de resolver las dudas de interpretación derivadas de la aplicación de dicho código.
La regla considera que existe conflicto de interés cuando un parlamentario “tenga un interés personal”, tanto directo y propio como a través de otra persona concreta, “de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que (…) no persiga la consecución del interés general”, como contempla en su artículo 3.1.
Si un diputado o senador cree que se puede dar una situación en la que piensa que el conflicto no se puede evitar, está obligado a comunicarlo a la presidencia de la comisión o de la Mesa de la cámara correspondiente, extremo este que no se habría dado todavía según los informes de la oficina del ejercicio 2021 y el del año pasado, recién publicado.
Dicho de otra manera, desde que en octubre de 2020 se aprobara (con el voto en contra de Vox) la regla conjunta por parte de las Mesas del Congreso y del Senado, nunca se habría llegado a una situación de posible conflicto de interés, en ningún punto de debate de todos los celebrados en lo que va de legislatura, para ninguno de los más de 700 legisladores que tienen o han tenido escaño desde comienzos de 2020.
Sin sanción posible
El dato es cuando menos llamativo en una legislatura en la que por el Congreso ha pasado el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (‘Tito Berni’), que dimitió tras la operación judicial del conocido como ‘Caso Mediador’, contra una presunta trama de comisionistas de la que sería el líder y que habría operado desde su despacho en la Cámara Baja. ¿Y qué previsiones hay para esos casos? Desde las cámaras, ninguna. En ese sentido, el código no aplica ni tampoco prevé sanciones contra exparlamentarios.
Sí hay abierto por primera vez un procedimiento por posible quebranto del código de conducta, tras una denuncia del Grupo Socialista en el Senado contra Ángeles Muñoz, senadora del PP y alcaldesa del Marbella. La resolución del proceso está prevista para la segunda quincena de mayo. En cualquier caso, si la Comisión de Incompatibilidades (órgano encargado de dictaminar en el Senado) concluye que sí ha habido infracción, la realidad es que tampoco hay sanción posible.
El código no dice nada y los reglamentos de Congreso y Senado tampoco establecen castigo alguno ante este supuesto. “No existe régimen de faltas y sanciones. No se podría aplicar sanción alguna porque no hay nada tipificado”, como explicó en conversación con Demócrata una fuente jurídica del Senado. Por otro lado, la Oficina de Conflicto de Intereses no tiene capacidad de iniciar procedimientos sancionadores ni potestad para validar la veracidad de la información que incluyen las señorías en sus declaraciones de intereses económicos.
Una oficina sin “funciones de comprobación”
El código conjunto reproduce en su gran mayoría el contenido del que aprobó el Congreso en solitario para sus miembros año y medio antes, en los estertores de la XII Legislatura, todavía bajo la presidencia de la popular Ana Pastor. No obstante, hay diferencias reseñables entre ambos textos.
La primera y principal es que el código de conducta del Congreso no limitaba en el tiempo las actividades profesionales de las que debía informar cada parlamentario en su declaración de intereses económicos, mientras que en el acuerdo vigente se acota a los cinco años previos a la obtención del escaño. Asimismo, ahora se incluye una mención expresa a la legislación de protección de datos personales a la hora de indicar para quién se ha trabajado en esos años, lo que abre la puerta a que no se identifique de forma precisa a un empleador cuando se trata de un particular y no de una empresa.
También desapareció la mención explícita a las “funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses” con las que el Congreso había dotado a su futura Oficina de Conflicto de Intereses. Se cerró así la puerta a la posibilidad de verificar de oficio los datos aportados por los parlamentarios en sus declaraciones de actividades, de bienes y rentas, y de intereses económicos.
Participación en fundaciones y regalos de más de 150 euros
El código conjunto de las Cortes sí hace algunas aportaciones en su articulado. Obliga a declarar las actividades previas que “puedan condicionar” la actividad política, con independencia de si hubo o no lucro económico, al tiempo que extiende el ámbito de aplicación a las contribuciones (ya sean económicas o no remuneradas) a “fundaciones y otras asociaciones”. En cuanto al formato de publicación, se establece que la difusión en las páginas web se hará en un “formato reutilizable”.
Por el lado de los regalos y obsequios, se menciona de forma expresa al “entorno familiar”, al tiempo que se detalla con más precisión lo que se incluye en esta categoría: “favores, servicios, invitaciones o viajes”. ¿Significa eso que debe informarse, por ejemplo, de una invitación a un partido de fútbol? Solo si se ha recibido en “vinculación de su labor como parlamentario” o “si el regalo, obsequio o beneficio similar” tiene un “valor estimado superior a 150 euros”.
Más del 90% oculta su agenda personal
Otro aspecto sobre el que se pronuncia el último informe de la Oficina de Conflicto son las agendas de sus señorías. Si bien todos (a excepción de dos de ellos) informaban de su actividad parlamentaria, solo 24 diputados (el 7%) y 15 senadores (5,5%) incluían “referencias a reuniones o actividades distintas a las puramente orgánicas”, como obliga el artículo 6.2 del Código de Conducta. Es decir, más del 90% no incluye información o detalle alguno de acciones como pudieran ser las reuniones con grupos de interés o representantes de lobbies, como ya adelantó El Periódico de España.
Las declaraciones de Vox, sin cumplimentar
Mención aparte merecen los representantes de Vox en Congreso y Senado. Sin referirse a ellos explícitamente, el informe de la oficina del ejercicio 2021 ya advertía del uso de fórmulas genéricas o de referencias a otros documentos para evitar cumplir con las obligaciones de la declaración de intereses económicos.
En el caso de los parlamentarios del partido de Santiago Abascal, rechazaron detallar cualquier dato sobre las actividades desarrolladas en los años previos a la toma de posesión de sus escaños. Así, tanto diputados como senadores despacharon el trámite con un “Ninguna de las actividades (…) podrá condicionar mi actividad política tanto en cuanto ésta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España (…)”.
En lo relativo a las actividades que les hubieran reportado ingresos económicos, remitían a sus declaraciones de actividades. Contactados por parte de la oficina, durante el pasado ejercicio, ninguno de los 52 diputados o de los 3 senadores ha registrado actualización alguna para subsanar esta deficiencia en su rendición de cuentas.
