Vox ha registrado este jueves en Les Corts una propuesta en la que reclama instar al Consell a pedir al Gobierno de España que garantice “la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles” y que consagre este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, así como en el sistema de prestaciones y pensiones públicas.
La formación que lidera Santiago Abascal ha presentado esta proposición no de ley (PNL), con tramitación especial de urgencia, pocos días después de sostener que el principio de “prioridad nacional” forma parte del acuerdo de investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca, y después de que este concepto se haya incorporado también a los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.
El síndic del partido, José Mª Llanos, ha subrayado en un comunicado que la iniciativa registrada en Les Corts “parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos”.
En este sentido, ha insistido en que el Estado y las instituciones “existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional, y que cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario”.
Llanos ha situado la prioridad nacional como “eje central del debate político” y ha defendido para la Comunitat Valenciana un modelo que Vox, según ha asegurado, “ya ha comenzado a impulsar en otros territorios y que aspira a extender al conjunto de España”.
Aplicación del principio de prioridad nacional
La propuesta, ha destacado el portavoz, “refuerza el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar”.
Fuentes del partido recuerdan que este planteamiento “ya ha comenzado a aplicarse en acuerdos de gobierno como los alcanzados en Extremadura y Aragón, donde la prioridad nacional se ha incorporado como eje de las políticas sociales”. La formación de Abascal pretende extender este enfoque “al conjunto de España”.
Vivienda, sanidad y ayudas sociales
En el ámbito de la vivienda, el texto insta al Consell a solicitar al Ejecutivo central que garantice “la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda”, tanto para el acceso a vivienda protegida, como para disfrutar de bonificaciones fiscales diferenciadas o beneficiarse de cualquier tipo de ayuda vinculada a este sector.
Asimismo, reclama asegurar “la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del mismo.
La iniciativa también plantea fijar la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y propone proceder a “la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles”.
Reversión de la regularización de migrantes
En paralelo, Vox pide derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, estando en España, no cuentan con residencia legal.
En la misma línea, la formación aboga por aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y por derogar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, “poniendo fin al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal”.
Prestaciones, pensiones y asistencia jurídica
Además, Vox exige blindar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones y promover “las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles”.
Por último, en lo relativo al derecho a la asistencia jurídica gratuita para extranjeros, la iniciativa establece que la carencia de recursos económicos se determine “atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen”. En cualquier caso, precisa, “no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional”.