El Govern balear ha remitido de forma oficial al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una petición para que las almazaras de las Islas queden exentas de la obligación de retirar temporalmente del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva correspondiente a la campaña 2026-2027.
La solicitud se ha cursado este lunes desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y lleva la firma del conseller Joan Simonet.
Según ha detallado el departamento autonómico en una nota informativa, este requerimiento constituye el trámite previo a la posible presentación de un recurso contencioso-administrativo.
Mediante este escrito, el Ejecutivo balear insta a modificar o dejar sin efecto parcialmente la orden APA/1145/2026, de 29 de octubre, así como a revisar la resolución de 4 de noviembre de 2026 que fija en el 12% el porcentaje de retirada obligatoria.
La finalidad es que dicha obligación no se aplique a las almazaras radicadas en Baleares, alegando las particularidades productivas, comerciales y territoriales del sector oleícola del archipiélago.
Si el Ministerio no aceptase esta exclusión territorial, la Conselleria reclama una evaluación inmediata de la situación del sector oleícola balear y una revisión anticipada de la medida con el objetivo de rebajar a cero el porcentaje de retirada aplicable.
El Govern pide igualmente que se estudien excepciones específicas para las pequeñas almazaras, los aceites con denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, así como para las partidas destinadas exclusivamente al autoconsumo.
Además, exige que se contemplen medidas transitorias que eviten daños de difícil reparación mientras se tramita la modificación normativa y que el Ministerio se pronuncie de forma expresa y urgente sobre el contenido del requerimiento.
Sin excedentes y con escaso peso en el mercado estatal
La Conselleria ha trabajado conjuntamente con el sector oleícola para evaluar el impacto de la medida y articular una respuesta ajustada a la realidad de las explotaciones y de las almazaras de las Islas. Esta coordinación ha permitido incorporar al requerimiento datos de producción y comercialización, así como las dificultades que la retirada obligatoria podría generar a los operadores.
Entre los principales argumentos se subraya que Baleares no presenta una situación de excedente de producción que justifique la activación del mecanismo. Con datos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las existencias iniciales de campaña se sitúan en 100 toneladas y la previsión de producción alcanza las 492,72 toneladas, lo que suma unas disponibilidades totales de 592,72 toneladas, frente a las 806,2 toneladas de media de las seis campañas anteriores.
De este modo, las disponibilidades previstas en las Islas representan únicamente el 73,5% de la media histórica, muy por debajo del umbral del 120% fijado en la normativa estatal para poner en marcha la retirada. Aunque este indicador se calcula sobre el conjunto del mercado español, el Govern defiende que su aplicación territorial debería contemplar la realidad específica de cada zona productora.
El requerimiento destaca también la reducida aportación de la producción balear al conjunto del mercado nacional, ya que las disponibilidades totales estimadas suponen solo el 0,03% de las previstas para toda España. Asimismo, los datos del Registro de Movimientos de Aceite de Oliva y de Orujo de Oliva a Granel (Remoa) indican que no se registran salidas de aceite a granel desde las Islas hacia la Península, mientras sí se constatan entradas de aceite procedente de otros territorios productores.
Para la Conselleria, estas cifras muestran que la retirada de la producción balear apenas contribuiría a estabilizar el mercado estatal, mientras que sí podría acarrear consecuencias económicas y comerciales relevantes para las almazaras del archipiélago.
Campaña adelantada y carga administrativa
Otro argumento es la particularidad temporal de la campaña oleícola balear, que suele desarrollarse antes que en las principales zonas productoras del país. De acuerdo con los datos incorporados al requerimiento, a 11 de noviembre la campaña de molturación ya había concluido en Menorca, Eivissa y Formentera, mientras que en Mallorca se había elaborado cerca del 70% de la producción prevista.
Al estar la retirada obligatoria limitada al aceite declarado a partir de noviembre, la cantidad que debería inmovilizarse en Baleares sería “muy reducida”. El escrito estima, de forma orientativa, que si el 30% de la producción prevista quedara afectado por la obligación, deberían retirarse en torno a 17,7 toneladas de aceite, lo que equivaldría solo al 0,009% del volumen de retirada calculado por el Ministerio para el conjunto del Estado.
La Conselleria considera que la obligación de retirar y almacenar estas cantidades supondría una carga administrativa y de control “desproporcionada” tanto para las almazaras como para la propia administración autonómica, responsable de verificar el cumplimiento de la normativa.
Impacto en la calidad y en el aceite para autoconsumo
El requerimiento alerta también de los efectos que el almacenamiento obligatorio hasta el 30 de septiembre de 2027 podría tener sobre la calidad y el valor comercial del aceite de oliva virgen extra de Baleares.
El sector oleícola balear se distingue por la elaboración de aceites de calidad diferenciada, cuya venta está muy ligada a la nueva cosecha y a productos como el “oli novell”. La inmovilización prolongada puede alterar la evolución de las características fisicoquímicas y organolépticas del aceite, según las condiciones de conservación, y distorsionar un modelo comercial basado en la frescura, la calidad y el valor añadido.
La Conselleria expone, además, la problemática específica del aceite destinado al autoconsumo de pequeños propietarios de olivares. Según las estimaciones incluidas en el requerimiento, esta modalidad supone alrededor del 20% de la producción anual balear. Se trata de aceite que no entra en los canales de comercialización y que, por tanto, no genera los excedentes que la normativa estatal pretende corregir.
La retirada obligatoria de estas pequeñas partidas acarrearía “dificultades adicionales” de identificación, almacenamiento y gestión, al corresponder a numerosos particulares y presentar, en muchos casos, distintas titularidades.