La Federación DEAN, Partido Verde Cantabria, Ecologistas en Acción Cantabria y ARCA han hecho públicas unas alegaciones en las que denuncian “graves irregularidades” en el proyecto del coto de caza de Viérnoles, iniciativa que consideran “inviable”.
Estos grupos han registrado un escrito de oposición al coto de caza Los Cabritus, en el que piden que se archive el expediente al entender que presenta “irregularidades graves de carácter legal, técnico y ambiental que impiden su aprobación”.
Según explican en su comunicado, la propuesta, impulsada por la Federación Cántabra de Caza, persigue implantar un aprovechamiento cinegético sobre el Monte de Utilidad Pública (MUP) 363-TER y sobre diversas fincas privadas del pueblo de Viérnoles.
De acuerdo con las organizaciones recurrentes, todo el proceso administrativo se ha llevado a cabo con una “opacidad técnica alarmante, sin cartografía detallada, zonas de seguridad ni estudios sobre fauna protegida”.
Insisten en que “no se trata de errores subsanables, sino de deficiencias estructurales que afectan a aspectos esenciales” tales como la superficie mínima, la continuidad del terreno, la ausencia de estudios técnicos, la falta de garantías a los propietarios y la propia fiabilidad de las parcelas incluidas.
“No estamos ante un defecto puntual, sino ante un planteamiento que no cumple ni los requisitos mínimos que exige la ley”, remarcan los portavoces de las entidades ecologistas.
Uno de los puntos que consideran más problemáticos es que no se acredita la superficie continua mínima de 750 hectáreas, a lo que se suma que no existiría una unidad territorial homogénea por la fuerte fragmentación generada por infraestructuras, núcleos urbanos y caminos. Esta realidad, según sostienen, reduce de forma notable la superficie útil y abocaría a la Administración a resolver “a ciegas”.
Además, subrayan que “aún más grave es la inclusión de parcelas inexistentes, mal identificadas y urbanas”, extremo que, a su juicio, pone en entredicho la solidez y credibilidad del expediente.
En sus comprobaciones, aseguran haber localizado nueve referencias del polígono 017 que no figuran en el Catastro Rústico, así como varias referencias de suelo urbano cuya incorporación al coto sería incompatible con la normativa cinegética vigente.
“Este hecho no es una simple errata, sino un indicio de falta de rigor técnico en la propia definición del objeto del procedimiento. Si ni siquiera se puede determinar con precisión qué terrenos forman parte del coto, la base del proyecto queda completamente deslegitimada”, han advertido.
En la misma línea, alertan de que esa fragmentación del territorio “incrementa el riesgo para la población”, al concentrar los disparos en áreas cercanas a caminos y viviendas, dentro de un entorno como la Sierra del Dobra, muy concurrido por senderistas y deportistas.
También señalan que el expediente no incorpora ningún plan de seguridad específico que proteja a los usuarios habituales del monte. “Es una temeridad pretender disparar armas de fuego en una zona de uso público masivo”.
Otro de los aspectos que cuestionan es el “posible impacto” sobre la fauna silvestre y las especies protegidas, dado que no se ha realizado una evaluación previa de las afecciones ni un estudio de compatibilidad con la biodiversidad existente en el área.
En lo relativo a los derechos de la ciudadanía, denuncian que no se ha garantizado una participación pública real ni que todas las personas propietarias afectadas hayan sido informadas adecuadamente de la inclusión de sus fincas, ni hayan podido ejercer en condiciones su derecho de oposición.
En sus alegaciones, advierten de que el silencio de los propietarios mal informados podría interpretarse como aceptación del proyecto, algo que consideran inadmisible al incidir de forma directa en el derecho de propiedad y en las garantías básicas del procedimiento administrativo.
Asimismo, sostienen que la iniciativa “entra en colisión directa con la normativa municipal vigente”. Recuerdan que la Ordenanza de Bienestar Animal de Torrelavega prohíbe de forma expresa la práctica de la caza en todo el término municipal, lo que, según las organizaciones, hace que el proyecto resulte incompatible con la regulación local. Igualmente critican la gestión del Monte de Utilidad Pública 363-TER, al denunciar una deficiente comunicación al Ayuntamiento y la falta de consulta a la Mesa Municipal de Bienestar Animal.
Por todo ello, reclaman al Gobierno autonómico que rechace la solicitud, al entender que “acumula irregularidades incompatibles con los principios de precaución, prevención, transparencia y seguridad jurídica”.
“Lo que está en juego en Viérnoles no es solo un expediente administrativo” sino “el modelo de territorio”, subrayan, recalcando que la ciudadanía de Torrelavega y, en particular, la de Viérnoles, “tiene derecho a conocer en profundidad lo que se pretende autorizar sobre su territorio”.
En este contexto, llaman a vecinos, titulares de fincas, colectivos sociales y cargos públicos a que “exijan máxima transparencia, revisión exhaustiva del expediente y pleno respeto al interés general antes de adoptar cualquier decisión”. “No es un proyecto corregible. Es un proyecto inviable en su conjunto”, concluyen.