El sector primario de Canarias, integrado en las organizaciones UPA, Palca, COAG y Asaga, ha reclamado este lunes al Ministerio de Agricultura que autorice de forma inmediata determinados productos fitosanitarios con el fin de combatir las plagas que están castigando especialmente a la piña tropical, el plátano y el aguacate.
Así lo ha manifestado el vicepresidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), Pablo Carmona, tras la reunión mantenida por los representantes del campo canario con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la Delegación del Gobierno en Canarias.
Torres se ha comprometido a trasladar la queja del sector agrario del archipiélago al titular de Agricultura, Luis Planas, durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes, al ser este departamento el competente para autorizar dichos productos.
Carmona explicó que reclaman el “desbloqueo” de los fitosanitarios para la piña tropical, el plátano y el aguacate porque actualmente “no” tienen “ninguna herramienta” que los “defienda de las plagas”. Insistió en que es el Ministerio de Agricultura quien tiene la capacidad de permitir su uso, pero hasta ahora la autorización se les ha denegado.
Detalló que lo que se plantea es que un pesticida que “está autorizado de forma excepcional en Francia e Italia”, pero en España “no”, pueda utilizarse “en la platanera contra la cochinilla y la mosca blanca, en el aguacate contra la cochinilla y en la piña tropical también contra la cochinilla”, al considerar que es “una herramienta necesaria” para atajar una plaga que “está matando” las cosechas, especialmente en La Palma y Tenerife.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Agricultura para rechazar la petición, Carmona señaló que “son muy peregrinas”, subrayando que uno de los motivos que les trasladan es “que se equivocan, y en vez de decir insecticida, ponen acaricida”, lo que a su juicio evidencia que la persona que redactó la resolución “no sabe ni lo que estaba haciendo”.
Respecto al impacto de las plagas, indicó que, a modo orientativo, en la piña tropical se registra “el 60 de baja de rendimiento” y en el aguacate alrededor de “un 30%”, advirtiendo de que, si el problema persiste, no solo se mantendrán las pérdidas actuales, sino que “las plantas se van degradando y van cayendo en ese sentido”.
Carmona denunció igualmente la entrada “ilegales” de productos subtropicales en Canarias, afirmando que los controles en los puntos fronterizos “no están funcionando” en el archipiélago. Recordó que existe una orden ministerial de 1987 que “protege por barreras fitosanitarias”, pero, pese a ello, “esto es un coladero”.
Matizó que esta situación viene “de hace mucho tiempo” y que, aunque cuando el sector protesta se adoptan medidas “más contundente”, “enseguida” se dejan de aplicar.
“Caminando en la buena dirección” con el POSEI
Por su parte, Torres explicó, en declaraciones a los medios tras el encuentro, que también abordaron el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) y su encaje en el marco financiero plurianual europeo. Señaló que comparten la “preocupación del sector, porque esto no está resuelto”, si bien considera que se está “caminando en la buena dirección”.
En concreto, mostró a los representantes agrarios la carta que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha remitido a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la que solicita que se mantenga la singularidad del POSEI en el marco plurianual y se incremente su dotación económica.
En este sentido, reconoció que “queda todavía trecho al respecto”, de modo que “todas” las iniciativas que se presenten “son bienvenidos”, pero recalcó que “en absoluto, está resuelta la situación”. Aseguró que el Ejecutivo central defenderá la continuidad del carácter específico del POSEI y el aumento de su ficha financiera, congelada desde 2011.
Otro de los asuntos tratados fue la reconstrucción de La Palma y las ayudas al sector primario, sobre las que Torres dijo coincidir con las demandas del campo, que reclama “transparencia, objetividad” en el acceso a dichas subvenciones.