El Govern, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, está ultimando un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, difundida este viernes, que fija la retirada obligatoria del 12 por ciento de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027.
La Conselleria pedirá que esta obligación no se aplique en las Islas, al entender que no se han valorado las singularidades del sector oleícola balear y que puede suponer una carga económica y de gestión desproporcionada para productores y almazaras del archipiélago.
El departamento que encabeza Joan Simonet argumentará en el recurso la necesidad de considerar la insularidad, el escaso volumen de producción y las características propias del sector oleícola balear, según ha avanzado en un comunicado.
En este contexto, subraya que la producción media de los últimos cinco años ronda las 600 toneladas anuales, una cifra muy modesta frente al conjunto del Estado, donde el Ministerio calcula una producción superior a los 1,6 millones de toneladas para esta campaña.
Además, de acuerdo con los cálculos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, si en Baleares se aplicaran los criterios fijados por la orden ministerial para activar el mecanismo de retirada, la suma de las existencias iniciales y la producción prevista no llegaría al umbral del 120 por ciento respecto a la media de las seis campañas anteriores. Por ello, la Conselleria entiende que la coyuntura del mercado oleícola balear no avala la aplicación de la medida.
Por otro lado, la Conselleria alerta también del peso administrativo y burocrático que acarrearía esta obligación. Solo en Mallorca se estima que habría que inmovilizar en torno a 40.000 litros de aceite, dado que el porcentaje de retirada se calcula sobre la producción declarada a partir de noviembre.
Según el Govern, este volumen, muy reducido en relación con el mercado estatal, apenas tendría efecto en la formación de precios. En cambio, la retirada forzosa supondría trabajos adicionales de almacenamiento, control y justificación documental para los operadores, así como actuaciones de inspección por parte de la Administración autonómica.
El sector oleícola de Baleares dispone de entre 41 y 44 almazaras, de las que 19 están inscritas en la Denominación de Origen Protegida Oli de Mallorca; entre 12 y 15 más operan en Mallorca fuera de esta denominación; cinco se sitúan en Menorca; cuatro, en Eivissa, y una, en Formentera.
Asimismo, debe considerarse que algunas almazaras no inscritas en la DOP no tienen actividad cada campaña. Esta estructura, basada en instalaciones pequeñas y volúmenes limitados, provoca que las obligaciones de retirada y control resulten especialmente complejas en comparación con la cantidad de aceite afectada.
A esta realidad se suma la producción destinada al autoconsumo local, una práctica habitual en el sector oleícola del archipiélago.
La Conselleria sostiene que el aceite que no se destina a la venta no debería quedar sometido a una obligación de retirada diseñada para regular la oferta del mercado. Este será otro de los argumentos del recurso, al considerar que el aceite para autoconsumo no genera los excedentes que la medida estatal pretende corregir.
Además, el sector se define por una producción orientada a la calidad y a la diferenciación, con la Denominación de Origen Protegida Oli de Mallorca y dos indicaciones geográficas protegidas, Oli de Menorca y Oli d'Eivissa.
Se trata de un modelo productivo distinto al de las grandes explotaciones de aceite convencional y que, por su escasa dimensión, tiene un impacto muy limitado en el mercado estatal.
Norma estatal sin excepciones territoriales
La resolución publicada en el BOE desarrolla el mecanismo de retirada temporal previsto en la Orden APA/1145/2026, publicada el 30 de octubre, que establece un sistema para limitar de forma temporal la comercialización de aceite de oliva cuando las existencias y las previsiones de producción superan ciertos umbrales.
Para la campaña actual, el porcentaje de retirada se ha fijado en el 12 por ciento de la producción declarada a partir del mes de noviembre. El aceite inmovilizado deberá permanecer almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027, sin perjuicio de posibles cambios en la medida.
La normativa no contempla excepciones por territorio ni por volumen de producción, de manera que se aplica el mismo porcentaje a todas las almazaras, con independencia de su tamaño o de su peso en el mercado estatal.
Paralelamente, la Conselleria planteará la conveniencia de introducir criterios específicos para territorios insulares y pequeñas producciones en la tramitación de la normativa de la próxima campaña. El mecanismo vigente también prevé la posibilidad de reducir el porcentaje de retirada a partir del 31 de diciembre, en función de cómo evolucione el mercado.
La Conselleria defiende que las medidas dirigidas a estabilizar el mercado del aceite de oliva deben contemplar la diversidad del tejido productor y evitar efectos desproporcionados sobre las pequeñas almazaras de las Illes Balears, especialmente cuando su aportación a los excedentes del mercado estatal es muy limitada.