La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Supremo frente al recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) supone el “cierre definitivo del ciclo judicial abierto contra los caudales ecológicos del río Tajo y deja sin argumentos ni margen político al Ministerio para seguir retrasando la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura”, subrayando que ya “hay que actuar”.
En su comunicado, los municipios ribereños afirman que la resolución judicial “desmonta definitivamente los argumentos trasnochados utilizados durante décadas por el lobby trasvasista y consolida una doctrina jurídica clara”, al establecer que los caudales ecológicos “son una restricción previa y superior a cualquier uso del agua, incluido el trasvase”.
Según la asociación, “quizás sea la sentencia más dura para el Levante del Tribunal Supremo, porque deja una cosa definitiva y absolutamente clara: los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y están por encima del trasvase” y ello implica, de forma inmediata, que “hay que cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura”.
“El Ministerio ya no tiene más excusas ni margen para seguir demorándolo”, afirma el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, quien destaca que el fallo “reafirma que los usuarios del Tajo-Segura utilizan exclusivamente aguas excedentarias y que, por tanto, no existe ningún derecho garantizado sobre esos recursos mientras no estén plenamente cubiertas las necesidades ambientales y consultivas de la propia cuenca cedente”.
Castro añade que el Tribunal Supremo descarta además otro de los argumentos tradicionales de Scrats “y confirma que sí ha existido concertación entre las cuencas del Tajo y del Segura”, recuerdan los ribereños, que insisten en que la implantación de los caudales ecológicos “se ha escalonado durante tres años precisamente para facilitar la adaptación de la cuenca receptora a nuevas fuentes de suministro, como la desalación”.
Para la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, la sentencia “desactiva uno tras otro todos los pilares jurídicos empleados por Scrats contra el Plan Hidrológico del Tajo, incluyendo las alegaciones relativas a metodología técnica, evaluación ambiental y coordinación entre cuencas”.
“Esta era la gran batalla judicial y el Supremo la ha zanjado. Ahora toca actuar. Desde la Asociación de Municipios Ribereños exigimos que se convoque de inmediato la mesa de trabajo y que se presenten unas nuevas reglas adaptadas a la realidad legal y a la realidad ambiental actual”, concluye Castro, advirtiendo de que mantener las actuales normas de explotación implica perpetuar una situación “insostenible” para Entrepeñas y Buendía.