Los ejecutivos de todas las comunidades autónomas, reunidos este jueves en la conferencia sectorial de vivienda, han dado su visto bueno al reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, de modo que recibirán las partidas en los próximos meses y podrán poner en marcha las actuaciones durante la segunda mitad del año.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha confirmado este respaldo unánime al término de la reunión, un desenlace que la ministra, Isabel Rodríguez, ya daba por hecho tras las manifestaciones previas de los representantes autonómicos.
Desde el departamento subrayan que se trata de un acuerdo "importante" no solo por su alcance material, sino también "por el poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía", al evidenciar que distintas administraciones han decidido "remar juntas".
Antes de entrar en la conferencia sectorial, Rodríguez señaló ante los medios que el pacto constituye una buena noticia "sobre todo para la ciudadanía" que aguarda soluciones, junto a propuestas "eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud".
"Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo", recordó la ministra, que destacó que el diseño del plan ha contado con la implicación de las administraciones públicas, del tejido social y de los agentes del sector, y que se han recibido hasta 400 propuestas de entidades sociales.
Rodríguez incidió en que el plan consensuado reserva el 40% de los recursos a incrementar de forma estable el parque de vivienda protegida, algo que demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él" es posible cerrar pactos entre distintos niveles de gobierno.
Asimismo, descartó que el reparto de los fondos pueda verse condicionado por los procesos electorales ya celebrados o por un eventual adelanto electoral en el ámbito estatal. De este modo, las comunidades que ratifiquen el acuerdo este jueves podrían disponer de los importes a partir de julio.
El Ministerio confía en que este entendimiento "marque un punto de inflexión" y que, a partir de ahora, las autonomías "colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda" para desplegar todas las herramientas de la Ley de Vivienda orientadas a abaratar los alquileres y "frenar la especulación".
El nuevo plan cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y garantiza el carácter permanente de las viviendas públicas financiadas.
La propuesta del Ministerio mantiene los mismos criterios de distribución que el anterior Plan Estatal. Además del 40% destinado a vivienda protegida, se reserva un 30% a la rehabilitación del parque residencial existente mediante ayudas específicas y el 30% restante se dirigirá a apoyar la emancipación juvenil, reducir la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y actuar en zonas tensionadas.
El plan incorpora, además, el principio de protección indefinida para las viviendas públicas, de forma que los inmuebles que se adquieran o promuevan con cargo a estos fondos quedarán calificados como protegidos con carácter permanente.
En el periodo 2026-2030, el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista y las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Esto implica un esfuerzo algo mayor para las autonomías respecto a planes anteriores, en los que sufragaban el 25% del presupuesto y el resto corría a cargo del Estado.
NO ESPECULACIÓN CON VIVIENDA PÚBLICA
El plan se enmarca en el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda y se articula en torno a tres ejes: construir, rehabilitar y proteger.
Con este fin, el Gobierno refuerza la protección de la vivienda pública y protegida para impedir que se pueda especular con ella, supeditando la financiación a que los inmuebles se destinen siempre al interés general; introduce una cláusula antifraude en las adjudicaciones y se compromete a ofrecer datos públicos sobre el mercado residencial, de manera que no dependan de "portales privados con intereses privado".
En un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda evaluará de forma anual el grado de cumplimiento del plan.
Además, según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan asumirá también una función de supervisión sobre todas las administraciones, para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las promociones financiadas con recursos públicos, mediante canales de transparencia y mecanismos de seguimiento con carácter semestral.
ESFUERZO POR CC.AA.
En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor asignación del nuevo plan, con 1.197 millones de euros, lo que implica un aumento de 877 millones respecto al programa anterior. A continuación figuran la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Castilla y León dispondrá de 378 millones de euros, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia contará con 399 millones, con un incremento de 293 millones, y Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (+205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón percibirá 266 millones (+195 millones); las Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia obtendrá 308 millones, lo que supone un aumento de 258 millones.
Cantabria contará con 133 millones (+98 millones); Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).
En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta dispondrá de 7 millones de euros, con un incremento de 4,7 millones, y Melilla recibirá igualmente 7 millones, tras sumar 2,8 millones más que en el periodo previo.