La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha cargado contra la Orden HAC/484/2026 del Ministerio de Hacienda, que recoge la rebaja de los módulos fiscales del IRPF para actividades agrarias y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales en 2025. La organización sostiene que la disposición resulta “insuficiente y poco rigurosa” al dejar fuera a numerosos municipios y producciones que padecieron graves desperfectos por las DANA y las tormentas de pedrisco del pasado año.
El texto normativo, publicado el 14 de mayo, ajusta los índices de rendimiento neto del sistema de estimación objetiva del IRPF para explotaciones dañadas por episodios meteorológicos extremos. Aunque UAGA-COAG reconoce que Hacienda haya admitido la magnitud de los daños en el campo aragonés, cuestiona los criterios aplicados para decidir qué localidades y cultivos pueden beneficiarse de estas rebajas tributarias.
La organización agraria recuerda que en 2025 numerosos productores de Aragón sufrieron pérdidas relevantes en cultivos como cereal, fruta, uva o almendra a causa de lluvias intensas y fuertes granizadas. Alertan de que estos episodios se repiten cada vez con mayor frecuencia e intensidad, poniendo en jaque al sector primario.
Desde UAGA-COAG remarcan que el cambio climático “ha dejado de ser una amenaza futura” y se ha convertido en un factor que compromete de forma directa la continuidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad.
En este sentido, critican que la orden haya generado “agravios comparativos difíciles de entender” entre municipios colindantes o explotaciones sometidas a los mismos temporales, pero con un trato fiscal distinto.
SEGUROS AGRARIOS
UAGA-COAG apunta también a otro de los grandes problemas del sector: el actual modelo de seguros agrarios. A su juicio, una parte importante de los profesionales del campo considera que las pólizas vigentes ya no se ajustan a las necesidades reales de agricultores y ganaderos.
Entre las principales quejas figuran las franquicias demasiado altas, coberturas limitadas y unas compensaciones económicas que, en muchos casos, no alcanzan a cubrir las pérdidas efectivas provocadas por los siniestros meteorológicos.
Esta situación está llevando a que numerosos agricultores opten por no asegurar sus explotaciones, sobre todo en determinadas comarcas o cultivos donde perciben que las pólizas han dejado de ser rentables.
La organización alerta además de que este contexto genera un “efecto perverso”. Cuando no se presentan partes de daños ante Agroseguro, no queda constancia oficial de los perjuicios ocasionados por tormentas o pedrisco, lo que complica después el acceso a ayudas o a reducciones fiscales.
“Es la pescadilla que se muerde la cola”, resumen desde UAGA-COAG, que considera imprescindible atajar este problema para evitar que amplias zonas queden sin cobertura frente a episodios meteorológicos extremos.
IMPLICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
Ante este escenario, la organización reclama una mayor implicación de los ayuntamientos aragoneses en la comunicación de los daños agrícolas derivados de fenómenos meteorológicos adversos.
Para UAGA-COAG, los consistorios deben asumir un papel más activo informando de las afecciones en los cultivos de sus términos municipales y remitiendo esos datos a la Delegación del Gobierno en Aragón, de forma que puedan llegar posteriormente al Ministerio de Hacienda.
La organización subraya que la agricultura y la ganadería siguen siendo el pilar económico y social de buena parte del medio rural aragonés, especialmente en las áreas más castigadas por la despoblación.
Por ello, defiende que los ayuntamientos se involucren en la protección del sector primario, ya que de su continuidad dependen el empleo, la actividad económica y la permanencia de población en numerosos pueblos de Aragón.
Finalmente, UAGA-COAG avanza que está recopilando incidencias y casos concretos vinculados a la Orden HAC/484/2026 para remitirlos tanto a la Delegación del Gobierno en Aragón como a COAG a nivel estatal. Su objetivo es reclamar la revisión de aquellos municipios y producciones que, según denuncian, han quedado “injustamente excluidos” de las rebajas fiscales aprobadas por Hacienda.