Moncloa ha cerrado filas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo este martes tras conocerse su imputación en la Audiencia Nacional y lo ha hecho hoy en la sesión de control al Ejecutivo.
Sin embargo, sus socios no se han mostrado tan benévolos este miércoles después de haberse leído el auto por el que el juez José Luis Calama cita a Zapatero como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.
"Tráfico de influencias, blanqueo de capitales (...) No soy objetivo, tengo enorme respeto y afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara", ha lamentado el portavoz de ERC en en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, con los 88 folios en la mano de ese auto judicial por el que el exdirigente socialista se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 2 de junio.
Los socios ponen en duda un supuesto caso de lawfare
Es el sabor de boca que ha dejado la imputación en una parte importante de los socios. “¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda”, ha advertido Rufián desde su escaño a la bancada socialista en la sesión de control.
Precisamente esta tarde, el portavoz republicano ha matizado todavía más sus palabras y ha reconocido en un acto en el Club Siglo XXI que “quizá” se equivocó al defender inicialmente a Zapatero antes de conocer en detalle el auto judicial, una reacción que ha atribuido a motivos de “afecto” y responsabilidad política.
Y es que el martes, tras conocerse la imputación, los socios plantearon más dudas sobre cuál era realmente la dimensión del caso. La eurodiputada de Podemos Irene Montero respondía así a los periodistas sobre si podíamos estar ante un caso de "lawfare", es decir, una utilización de la Justicia con fines políticos.
"La derecha le tiene muchas ganas al expresidente Zapatero (...) habla mal de un sistema democrático que tiene a un primer presidente acusado de agresion sexual como Adolfo Suárez; Felipe González, corrupcion y los GAL; Aznar, un criminal de guerra; M.Rajoy y una plolicía patriótica para atacar a los adversarios políticos".
Sin embargo, los morados se han expresado hoy en un tono radicalmente distinto. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que la situación judicial del expresidente del Gobierno es preocupante. “No pinta bien”, ha afirmado al ser preguntada en los pasillos del Congreso. La dirigente de Podemos ha evitado profundizar en su valoración, aunque evidencia esa inquietud generada por una investigación que ha sacudido los cimientos de Moncloa.
En el mismo sentido se ha expresado a su llegada al Congreso la diputada de Compromís, Águeda Micó, alegando que ya "no está tan claro” que haya existido ‘lawfare’.
Fuentes del Gobierno han reconocido este miércoles que el auto es un documento “serio” que contiene indicios, aunque siguen mostrando calma al no apreciar pruebas incriminatorias concluyentes contra el exdirigente socialista. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, ha reafirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde su escaño en el Congreso.
El PNV llama a la prudencia
Desde el PNV se han mostrado más cautos a la hora de formular cualquier acusación. Interpelada por los periodistas momentos antes de entrar al hemiciclo, la portavoz de los jeltzales en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, se ha remitido a lo que ya dijo ayer: "Nos mantenemos a la espera, la instrucción está en un inicio, por lo tanto, vamos a ver como se desarrollan los hechos".
El martes, los nacionalistas vascos tildaban de "graves" las imputaciones que recaen sobre el expresidente socialista, aunque matizaron la conveniencia de actuar con prudencia y aguardar a que concluya la fase de instrucción.
Por su parte, Junts no se ha pronunciado sobre el asunto este miércoles, aunque ayer, su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, pidió respetar la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. “Que se aclaren los hechos y se respete la presunción de inocencia. Aunque si algún partido ha sufrido el no respeto a la presunción de inocencia hemos sido nosotros", dijo.
Sumar pide "tiempo" para resolver los hechos
Esa prudencia es precisamente a la que apela el principal socio de los socialistas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado que se investiguen los hechos “hasta el final”, aunque ha advertido de que se trata de un procedimiento que previsiblemente “llevará tiempo”.
“Los jueces tienen que hacer su trabajo y, a partir de ahí, no es extraño que se contemplen escenarios diversos”, ha señalado Barbero a su salida del Pleno del Congreso.
La dirigente de Sumar también ha subrayado la necesidad de delimitar con claridad el papel de los grupos de presión en la política. “Por supuesto, hay que desarrollar y ver hasta dónde está el límite de los lobbies”, ha afirmado. De hecho, España no cuenta con una regulación específica sobre esta actividad y en el Congreso hay paralizadas dos iniciativas sobre el asunto.
Así, Barbero ha insistido en que el proceso judicial debe contar con la “máxima colaboración” por parte del Gobierno y de todas las entidades implicadas.
El martes, la portavoz de Sumar expresó sus dudas sobre la naturaleza de la imputación y sugirió también que podría tratarse de un nuevo caso de lawfare. En declaraciones a medios, la dirigente del socio minoritario del Gobierno insistió en que, en cualquier caso, la investigación abierta contra Zapatero es una cuestión estrictamente personal y subrayó que no guarda relación con la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.