El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA C-LM), Julián Morcillo, ha puesto “el grito en el cielo” ante los esquemas provisionales del nuevo ciclo de planificación hidrológica en las demarcaciones de la región. Resume estos borradores como “recortes de agua, regadío y extinción de derechos” que afectarán a “miles de agricultores” y que, según sus cálculos, supondrán un daño directo al campo de “277 millones de euros, del orden de más de 500 millones trasladado al PIB regional”.
Morcillo alerta de que el documento, hecho público el 28 de noviembre, prevé un fuerte ajuste en numerosas zonas de Castilla-La Mancha. “Estamos hablando de pueblos como Montealegre, Fuenteálamo, Albatana o Tobarra que van a tener que pasar dos tercios de su riego a secano”, subraya, advirtiendo de que la propia planificación reconoce que provocará “crispación social y despoblación”. De ahí su interrogante: “¿Si tenemos que cerrar los pueblos qué va a quedar después?”.
En una entrevista con Europa Press en la sede de UPA en Albacete, el dirigente agrario desgrana su análisis de la propuesta de las demarcaciones hidrográficas. A su juicio, se repite “un patrón” de recortes en las siete cuencas que afectan a la comunidad, fijados por las Confederaciones Hidrográficas y con aplicación prevista a finales de 2027. Este calendario, sostiene, abocaría como “única solución” a que “todos los cultivos afectados” pasen a secano, sin disponer del respaldo ni del margen temporal necesario para reconvertir las explotaciones. “Hemos dado la voz de alarma y creo que nos hemos quedado cortos”, afirma.
Como ejemplo, menciona la planificación de la cuenca del Guadiana, donde se plantea un escenario “de extinción de derechos”. Recuerda que se trata de un territorio ya tensionado por la falta de agua, para el que UPA venía reclamando una solución al menos para las explotaciones prioritarias. Tras haberse resuelto “4.500 expedientes de cultivos de leñosos, unas 20.000 hectáreas”, lamenta que ahora se les comunique que “este proceso de planificación extinguirá su derecho al final del 31 de diciembre de 2027”.
En la cuenca del Segura, añade, el golpe se concentra en el uso de agua subterránea, “que es prácticamente el 80% del regadío”. Actualmente existen concesiones por 100 hectómetros, pero el borrador sólo permite emplear 33. “Esto supone dejar de utilizar el 64% del recurso que hoy usamos y eso significa recortar superficie de riego y dedicarlas al secano”, detalla.
Ante este escenario, UPA ha iniciado una intensa campaña de información entre comunidades de regantes, al tiempo que estudia movilizaciones y se prepara jurídicamente para el periodo de alegaciones que se abrirá en mayo. Morcillo indica que también están “intentando que los partidos políticos se posicionen” y han pedido una reunión al Ministerio para la Transición Ecológica, porque temen que “quizás no son conscientes del daño que nos pueden hacer” con una planificación que se ampara en la nueva Directiva Marco del Agua y en la Ley de Aguas.
El responsable de UPA considera que, por ahora, el presidente regional, Emiliano García-Page, sí ha percibido “nuestra alarma”, mientras la organización trabaja para trasladar sus reivindicaciones a las instituciones europeas. El objetivo es lograr excepciones de plazo y cambios en la directiva que permitan alternativas realistas para “no dejar a Castilla-La Mancha sin agua”.
TRUMP, “UN LOCO AL FRENTE DE LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL”
La crisis hídrica se suma a otro frente que golpea al campo: la inestabilidad internacional derivada de la guerra con Irán iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que Morcillo define como “un loco al frente de la geopolítica mundial que está llevando a la economía a un retroceso del que aún no somos capaces de valorar su alcance y que va a tener repercusiones para todos, no sólo los consumidores”.
Según relata, las consecuencias se percibieron “en los primeros siete días del conflicto” por la especulación sobre los sobrecostes energéticos. El gasóleo agrícola pasó de 90 céntimos a 1,70 euros, “antes de que el precio de los barriles subiera tanto”. Con los fertilizantes, añade, la dinámica ha sido similar, “especialmente con los nitrogenados, empeorando la situación que ya tenían nuestras explotaciones” y generando dudas sobre el suministro de gasoil “en un momento de máxima actividad en el campo”.
Morcillo sostiene que el sector agrario está “atado de pies y manos” para hacer frente a esta coyuntura, “con el mercado intervenido y en el que los productores no podemos marcar precios”. Cita el caso de la leche, donde “por una decisión de las industrias lácteas está bajando el precio que reciben nuestros productores cuando los costes se están incrementando”, o el de los cereales, “donde no se eleva el precio de venta mientras estamos pagando el doble el mover un tractor”.
Estas tensiones llegan tras un año de protestas contra la última reforma de la PAC, en la que la Unión Europea planteó “el mayor recorte de la historia, un 22% del presupuesto”, además de un nuevo reparto entre Estados miembros que, según Morcillo, ponía en cuestión “su espíritu de política común” y alimentaba “conflictos entre países y producciones”.
UPA participó en las movilizaciones y en el proceso negociador que desembocó en un giro de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien envió una carta al Parlamento que “hacía un guiño” a reforzar las ayudas directas y a incrementar los fondos del marco común, con un aumento de 45.000 millones de euros y 48.000 millones por cada lado. “Esto hay que definirlo, tenemos muchas dudas sobre de dónde viene ese presupuesto”, puntualiza el dirigente agrario. Recuerda, además, que “falta ver la posición del Parlamento y el Consejo Europeo”, por lo que anticipa que van “a tener que seguir presionando” mientras perfilan una postura conjunta con el Gobierno de Castilla-La Mancha.
El secretario general de UPA llama la atención también sobre otro problema creciente en la comunidad: la sobrepoblación de conejos. “Se consideren plaga o no, el problema se está haciendo endémico”, advierte. “El año pasado hicimos una declaración de emergencia cinegética en 300 pueblos y este año ha sido en 367. Se nos ha ido de las manos y en algunos sitios los conejos están haciendo más daños que las borrascas o las inundaciones”, asegura.
Fruto de las últimas movilizaciones, en especial la concentración celebrada en Toledo, el sector ha conseguido que se plantee la creación de una mesa de trabajo en la que participen todas las administraciones, las confederaciones hidrográficas y las organizaciones de agricultores y ganaderos. Entre las medidas a estudiar figuran dotar de más medios y formación a los agricultores, capacitar a cazadores para actuaciones específicas e incluso autorizar caza nocturna en zonas especialmente afectadas.
Pese a la acumulación de frentes abiertos, Morcillo defiende que la agricultura castellano-manchega se ha situado “en la vanguardia” y lidera “muchos ámbitos como el champiñón, la cebolla, el ajo o el aceite de oliva, en el que ya somos la segunda comunidad autónoma en producción”.
Asimismo, valora que el Ejecutivo de Emiliano García-Page “ha atendido, casi siempre, las demandas importantes que se le han hecho”, y aprecia “que hay cosas que han mejorado bajo su mandato y que aunque deberían ser así siempre, en otros tiempos no ha sido la norma”. Entre los avances cita que Castilla-La Mancha es de las regiones que antes tramita la PAC, de las que más impulsa los planes de mejora e incorporación de jóvenes al campo y de las que mayor esfuerzo presupuestario realiza en seguros agrarios.
Como reflexión final, el responsable de UPA reivindica el papel del campo como “el sector que más futuro tiene, pese a todas sus dificultades” y “que evoluciona más rápido adaptándose con los cambios a la tecnología y la innovación”. Considera que es “parte de la seña de identidad de Castilla-La Mancha” además de un pilar esencial de su PIB. “No imagino esta región sin la agricultura”, concluye.