Las redes de transporte y distribución eléctrica juegan un papel esencial en la transición energética y el acceso a las mismas es el primer presupuesto para la viabilidad de los proyectos de energía renovables.
El régimen jurídico del acceso y conexión ha dado lugar en los últimos años a numerosos debates motivado en parte por su escasa y, en ocasiones, insuficiente regulación. El retraso del desarrollo normativo del articulo 33 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE), hasta la aprobación del RD 1183/2000, ha provocado un sinfín de conflictos que sucesivamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ido solventado a modo de corpus doctrinal.
Entre otras cuestiones, podemos referirnos al papel que jugaba el interlocutor único de nudo como cauce para tramitar las solicitudes conjuntas de los promotores y los riesgos de una posición abusiva que ha dado lugar finalmente, a su supresión.
