Hay momentos en política que justifican todo el esfuerzo. Horas de negociación, documentos corregidos una y otra vez, reuniones interminables, llamadas de última hora y debates intensos. Pero ninguno de esos momentos tendría sentido si al otro lado no hubiera personas esperando una respuesta.
Durante todos estos meses, mientras trabajábamos en la reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, he pensado muchas veces en todas esas personas que llevan años esperando una prestación; en quien cuida a un padre, a una madre o a un hijo sin mirar el reloj; en quien ha tenido que renunciar a parte de su vida para sostener la de otra persona; en quien solo reclama algo tan sencillo y a la vez tan importante como es poder decidir cómo quiere vivir.
Por eso quiero que las primeras palabras de este artículo no sean para quienes hemos participado en la tramitación parlamentaria, quiero que sean para quienes nos han traído hasta aquí.
A todas las organizaciones de personas con discapacidad, a las entidades del tercer sector, a las asociaciones de familiares, a las plataformas de personas cuidadoras y a quienes lleváis décadas defendiendo derechos cuando todavía había demasiadas personas que hablaban de asistencia en lugar de dignidad, quiero deciros una sola cosa: gracias.
Gracias por vuestra exigencia. Gracias por cada propuesta, por cada reunión, por cada documento y por cada conversación
Gracias por no conformaros nunca. Gracias por vuestra exigencia. Gracias por cada propuesta, por cada reunión, por cada documento y por cada conversación. Gracias por recordarnos, una y otra vez, que detrás de cada artículo de una ley hay un nombre, una familia y una vida que no puede seguir esperando. Esta ley también es vuestra.
Hace veinte años, España aprobó una ley que cambió nuestro país. La Ley de Dependencia convirtió la atención a las personas en situación de dependencia en un derecho. Pero los derechos también necesitan evolucionar, porque la sociedad cambia, porque las necesidades cambian, y porque hoy sabemos que cuidar no consiste solo en atender. Cuidar también significa respetar la voluntad de las personas, proteger su autonomía y garantizar que puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Ese ha sido el corazón de esta reforma.
No queríamos una ley que simplemente añadiera nuevos artículos; queríamos una ley que cambiara la forma de entender los cuidados; que hablara de vida independiente, de inclusión, de accesibilidad, de libertad para decidir y de apoyos personalizados. Queríamos una ley que entendiera que las personas no son pacientes permanentes, sino ciudadanos con derechos.
Por eso reforzamos la asistencia personal, reconocemos la teleasistencia como un derecho subjetivo, ampliamos las compatibilidades entre prestaciones, reducimos los tiempos de espera, protegemos mejor a las personas cuidadoras y fortalecemos los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños con discapacidad. Porque la dependencia no puede significar nunca renunciar a una vida plena.
No queríamos una ley que simplemente añadiera nuevos artículos; queríamos una ley que cambiara la forma de entender los cuidados
Pero también aprendimos otra lección durante esta tramitación: los derechos sin financiación acaban convirtiéndose en promesas.
Por eso esta reforma llega acompañada de algo imprescindible: un Real Decreto-ley que incorpora 6.200 millones de euros adicionales para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Es la mayor inversión realizada hasta ahora para fortalecer nuestro sistema y para que los nuevos derechos no se queden escritos únicamente en el Boletín Oficial del Estado, sino que lleguen a la vida de las personas.
Además, por primera vez, la propia ley incorpora el compromiso de que el Estado garantice, al menos, el 50 % del gasto certificado del sistema. Un acuerdo histórico alcanzado durante la tramitación parlamentaria que responde a una reivindicación largamente compartida por las entidades sociales y que permitirá reforzar la sostenibilidad futura del sistema.
Pero las votaciones también hablan. Y no es de extrañar, viniendo de Vox, que votaran en contra de ampliar derechos, de reforzar la autonomía personal y de destinar la mayor inversión realizada hasta ahora al sistema de dependencia.
Pero más difícil resulta entender la postura del Partido Popular, que durante años hizo de la financiación del sistema una de sus principales reivindicaciones. Sin embargo, cuando esta reforma incorporó por primera vez en la propia ley el compromiso de que el Estado garantice, al menos, el 50 % del gasto certificado del sistema, decidió no apoyar la ley. Una oportunidad perdida para sumarse a una reforma que las entidades sociales llevaban años reclamando.
Como ponente principal del Grupo Socialista he tenido el privilegio de vivir esta reforma desde dentro. He visto cómo una ley mejora cuando se escucha, he comprobado que las mejores ideas no siempre nacen en un despacho, sino muchas veces en una asociación, en la conversación con una madre agotada o en el testimonio de una persona que solo pide poder vivir con la misma libertad que cualquiera de nosotros.
La política solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas y por leyes como ésta, merece la pena estar en política
Ojalá nunca olvidemos eso, porque dentro de unos años nadie recordará el número de enmiendas, ni las horas de negociación, ni quién defendió cada artículo, lo que sí permanecerá es que miles de personas podrán acceder antes a una prestación, vivir con más autonomía, contar con los apoyos que necesitan y desarrollar su proyecto de vida con más libertad y más dignidad.
Y eso también será gracias a quienes nunca dejasteis de insistir, de proponer y de creer que era posible construir un sistema mejor.
Esta ley también lleva vuestro trabajo, vuestra perseverancia y vuestra voz. Porque, al final, la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas y por leyes como ésta, merece la pena estar en política.