Durante todo el mes de julio, la fábrica de combustible nuclear de Enusa, en Juzbado (Salamanca), los camiones entraron y salieron y la producción siguió adelante, con los operarios haciendo su trabajo. Nada parecía indicar que la energía nuclear estuviera de retirada. Si Almaraz estaba destinada a cerrar, ¿por qué todo siguió funcionando como si no fuera a hacerlo? ¿El único que no se daba por enterado de que Almaraz iba a seguir operando era el Gobierno?
Durante años, el calendario de cierre de las centrales nucleares ha sido parte central de su política energética. Aunque el Gobierno nos haya acostumbrado a un mensaje falsario y propagandístico, una cosa es anunciar el cierre y otra muy distinta conseguir que el sistema energético pueda prescindir de esa generación. Incluso podríamos suponer que quienes trabajan sobre el terreno, como ocurre en Juzbado, quizá conocen mejor las necesidades reales del sistema eléctrico que quienes pretenden dictaminar arbitrariamente el uso de una tecnología u otra.
Es cierto que la provisión de combustible nuclear que describimos al comienzo tiene sus tiempos, sus protocolos, y que estos pueden ser independientes de urgencias o anuncios políticos, pero ¿qué valor tiene un calendario de cierre cuando, llegado el momento, la propia realidad obliga a revisarlo? Ha sido la enésima farsa de un Gobierno acostumbrado al embuste y a jugar con las cartas marcadas. No podemos permitirnos prescindir de una fuente que aporta generación continua, capacidad firme y estabilidad al sistema.
El gran apagón del 28 de abril de 2025 ha cambiado las reglas de juego, porque después de comprobar el coste económico y, sobre todo, el coste político de dejar a millones de ciudadanos sin electricidad, Pedro Sánchez no quería volver a enfrentarse a una crisis semejante. El desastre de aquel día hará que la señora Aagesen sea recordada para siempre como “la ministra del apagón”, y evitar una repetición en los próximos meses es lo que hizo que Almaraz, que hasta hace poco tenía escrita su fecha de caducidad, siguiera funcionando.
Conviene no dejarse arrastrar hacia ese falso dilema que tanto conviene a quienes quieren ocultar los errores de su política energética. Las fuentes renovables y las centrales nucleares llevan conviviendo con perfecta normalidad en la red eléctrica española desde hace años, sin que la existencia de unas exija la desaparición de las otras, por mucho que a algunos les convenga presentar el asunto como una guerra de tintes casi religiosos.
La vicepresidenta Aagesen se esforzó en explicar ante el Congreso que la prórroga concedida está acotada exclusivamente a Almaraz, que no sienta ningún precedente y que el resto del calendario permanece intacto, con ese tono de alumno que recita una lección aprendida de memoria, pero que ruega que no le hagan razonar sobre lo que no entiende. El hecho político relevante, que importa más que el disfraz que le quieran poner, es que la realidad se ha impuesto al dogma y ha obligado a dejarlo de lado, aunque solo sea por ahora. Será el próximo Gobierno el que tenga la última palabra y desde el Partido Popular nos hemos comprometido a ampliar esa prórroga.
Si aceptamos que Almaraz es hoy imprescindible para sostener el sistema eléctrico, cabe preguntarse qué transformación mágica va a operarse de aquí a mañana para que deje de serlo, qué ley de la física habrá cambiado entre el día del cierre aplazado y el día del cierre definitivo. La continuidad de la central extremeña, así como las de Cofrentes, Ascó, Vandellós y Trillo, no debería ser un asunto de trincheras ideológicas sino de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. El diseño de la política energética, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario, no puede construirse contra la realidad ni contra las leyes de la física. La salud del sistema eléctrico español y las expectativas de nuestra economía agradecerían que el gobierno socialista fuera, por una vez, responsable y olvide de una vez y para siempre el calendario de cierre nuclear.
Sobre la firma:
Guillermo Mariscal es diputado del PP y secretario tercero de la Mesa del Congreso.