Un empresario moderno está orientado a la inversión productiva, necesita plantillas estables, formadas y comprometidas, arriesga, innova, reinvierte, abre nuevos mercados y contribuye a construir una economía más prospera. Esa figura existe en España y posiblemente es mayoritaria en nuestro tejido productivo, pero no lo es, sin embargo, en la dirección de las organizaciones empresariales que participan en las negociaciones bipartitas y tripartitas estatales donde se adoptan decisiones transcendentales para las personas trabajadoras y las empresas.
El motivo es la herencia del franquismo. Aquello era un páramo empresarial y un coto patronal, donde los negocios se arreglaban en el despacho del ministro, subsecretario o gobernador civil. En democracia, ese capital carpetovetónico ha mutado a un capitalismo de amiguetes, que se reúne los domingos en palcos de estadios de fútbol y confunde empresa con privilegio, mercado con concesión y riesgo con BOE. Lamentablemente, esos patronos siguen al mando en lo institucional, lastrando la modernización del país.
Ese poder patronal también ha construido en los últimos años un auténtico infierno para las personas trabajadoras. Es verdad que el Gobierno de coalición ha mejorado la vida de millones de personas: récord de ocupación, más estabilidad en el sector privado, la tasa de paro más baja en dieciocho años y una subida del SMI del 66%. Pero no ha bastado para detener una doble mordida del capital sobre los salarios. En efecto, los patronos han subido los precios por encima de los costes destruyendo poder de compra de las familias y se han apropiado de la productividad de quienes la generan con su trabajo.
La inflación reciente no fue solo consecuencia de la pandemia o de la guerra de Ucrania. Fue también una inflación con origen en mayores beneficios. Fue la primera mordida. Muchas empresas aprovecharon la confusión para elevar precios más deprisa que sus costes y consolidar márgenes extraordinarios, como se ve claramente en el gráfico. Introdujeron una suerte de impuesto patronal permanente. La diferencia es que un impuesto público financia hospitales, escuelas o pensiones y hace la sociedad más justa, mientras que este gravamen privado termina convertido en dividendos y aumenta la desigualdad. El primero lo decide el Parlamento que tú eliges, el segundo los consejos de administración, donde no tienes ni voz, ni voto. Ahora estamos en riesgo de sufrir nuevamente una inflación con origen en la codicia patronal como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.
Energía, alimentación y banca muestran bien este mecanismo. Las eléctricas y gasísticas dispararon sus márgenes desde 2022 y mantuvieron beneficios multimillonarios incluso cuando los mercados mayoristas se moderaron. Los supermercados elevaron sus márgenes hasta alcanzar en 2025 máximos históricos sobre bienes básicos que las familias no pueden dejar de comprar. Y la banca monetizó la subida de tipos: encareció hipotecas y créditos con rapidez, pero sin aumentar la remuneración de los depósitos de los hogares y pymes. Los seis grandes bancos ganaron 31.768 millones en 2024 y alrededor de 34.000 millones en 2025. No sufrieron la crisis como las familias trabajadoras, sino que les sirvió para engordar su cuenta de resultados.
La segunda mordida llega en la nómina. Desde 2019, los salarios pactados en convenio han perdido un 2,8% de poder adquisitivo, mientras que la productividad real por asalariado ha aumentado un 11,1% según los registros censales del Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria. Es decir, cada persona asalariada produce más, pero cobra menos en términos reales. Y esta diferencia no se evapora, se la queda el patrono.
Una estimación prudente sitúa esa apropiación en unos 4.000 euros anuales por asalariado, alrededor de 333 euros al mes. Incluye la productividad no trasladada a salarios y las horas extraordinarias no pagadas, que en 2025 supusieron 3.243 millones de euros en salarios y cotizaciones no abonados, según el Gabinete Económico de CCOO. Y esta es la pérdida mínima, pues no incorpora el sobreprecio de los márgenes abusivos, el alquiler disparado, la hipoteca encarecida, la factura energética o los servicios privatizados.
Pero el patrono español no solo te rasca el bolsillo. También se dedica a degradar con sus calificativos a las personas trabajadoras. Llama “absentismo” a una baja médica, como si enfermar fuera una artimaña y no una situación acreditada por un profesional sanitario. Llama “moderación salarial” a cobrar menos de lo que produces, “flexibilidad” a la precariedad laboral y “libertad de empresa” a precios abusivos. Es la misma lógica que llama “inquiokupas” a familias vulnerables, “MENAS” a menores migrantes o “paguitas” a derechos sociales. Su estrategia es siempre la misma: enfrentarnos a quienes vivimos de nuestro trabajo para tapar el conflicto con quienes se apropian de él.
Salir de este infierno exige intervenir. Primero, reformando la negociación colectiva: requilibrio del poder de negociación, salarios ligados a productividad, cláusulas de revisión salarial obligatorias y envío de datos oficiales sobre la evolución de los márgenes empresariales a las mesas de negociación de los convenios de trabajo. Segundo, actuar sobre los márgenes abusivos en energía, alimentos, vivienda y banca. Tercero, garantizar que todo el trabajo se pague mediante un registro horario real, verificable y sancionable. Y cuarto, democratizar las grandes empresas: más participación de los trabajadores, más control público de sectores estratégicos y más condicionalidad en las ayudas públicas.
Acabar con el infierno patronal no es atacar al empresario weberiano que innova, invierte y crea empleo digno. Es liberar al país del patrono y de los rentistas heredados del franquismo, del capital vago y extractivo, de quienes confunden mercado con impunidad y empresa con privilegio. Cuando los precios suben más que los costes y los salarios suben menos que la productividad, no hay economía de mercado, hay economía de saqueo. El infierno patronal no es inevitable. Se termina rompiendo el mecanismo que convierte el esfuerzo de la mayoría en renta para unos pocos.
sobre la firma:
Carlos Martín Urriza es portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar en el Congreso de los Diputados.