La narrativa tecnológica presenta las herramientas digitales como impulsoras, de manera automática, de una mejora para la sociedad. Para que realmente lo sean, su existencia debe anejar una exigencia de responsabilidad y regulación a las compañías que las impulsan. Esta reflexión, desarrollada por la experta en políticas tecnológicas y exdirectiva de Facebook Yael Eisenstat, podría resumir el núcleo del mensaje que se lanzó en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en Barcelona los pasados 13 y 14 de mayo.
El evento, impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, reunió a responsables institucionales, expertos internacionales, académicos y representantes de la sociedad civil para abordar los principales desafíos del entorno digital.
Durante el encuentro se debatió sobre privacidad, protección de datos, regulación de la inteligencia artificial, transparencia algorítmica, ciberseguridad, desinformación y protección de colectivos vulnerables, con especial atención a la infancia y la juventud en los entornos digitales.
La cita sirvió para presentar la primera gran encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, un estudio que dibuja un escenario de preocupación ciudadana ante los riesgos de internet y una demanda clara de mayor protección legal y regulatoria.
Entre las voces participantes figuraron especialistas internacionales como Yael Eisenstat, Cory Doctorow, Anu Bradford, Frances Haugen, Carissa Véliz o Carl Öhman, en un encuentro que buscó abrir el debate digital más allá de los entornos tecnológicos especializados y acercarlo al conjunto de la ciudadanía.
España reivindica su papel en los derechos digitales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en el encuentro con un mensaje grabado en el que defendió la necesidad de garantizar que los derechos de la ciudadanía sean igual de sólidos en el entorno digital que en el físico, en un contexto en el que, según advirtió, la confianza se ha transformado profundamente y está en juego el acceso a una realidad veraz.
Sánchez reivindicó además el papel de España en este ámbito a través de iniciativas como la Carta de Derechos Digitales o el Observatorio de Derechos Digitales, y llamó a la participación ciudadana al recordar la falta de información existente sobre tecnologías ya presentes en la vida cotidiana.
En la apertura institucional también participaron la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero; y el teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona Jordi Valls, quienes coincidieron en subrayar el peso creciente de la digitalización en la sociedad y la necesidad de garantizar seguridad jurídica, formación y confianza en este nuevo escenario.
La ciudadanía pide más protección digital
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación de la Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, elaborada por Fundación “la Caixa”, Red.es y Fundación Hermes, en colaboración con la Universitat de Barcelona.
El estudio refleja un amplio consenso ciudadano sobre la necesidad de reforzar la protección legal en ámbitos como la privacidad y protección de datos, el acoso y los mensajes de odio en plataformas digitales, el borrado de información personal en internet o el acceso asequible a la red. También muestra respaldo mayoritario a la existencia de algoritmos no discriminatorios y a la revisión humana de decisiones automatizadas.
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La encuesta también pone el foco en la preocupación sobre la protección de menores. La práctica totalidad de los encuestados considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital.
El informe refleja, a su vez, preocupación por la desinformación, el fraude, la suplantación de identidad o el acoso en internet, así como una percepción extendida de que las grandes tecnológicas concentran demasiado poder económico y demasiada información personal.
Algoritmos, redes sociales y desinformación
Precisamente sobre ese comportamiento de las grandes compañías de tecnología versó la ponencia de la experta en políticas tecnológicas y exdirectiva de Facebook Yael Eisenstat, que entró su intervención en el impacto de los algoritmos y las redes sociales sobre la democracia, la seguridad y el bienestar social.
Eisenstat sostuvo que las plataformas digitales condicionan qué mensajes se amplifican y cuáles quedan relegados, favoreciendo la difusión de contenidos emocionales, sensacionalistas, desinformación y discursos extremistas.
También abordó el desarrollo de la inteligencia artificial y cuestionó la narrativa tecnológica que presenta estas herramientas como una mejora automática para la sociedad, defendiendo la necesidad de exigir responsabilidad y regulación a las compañías que impulsan estos servicios.
La experta reclamó mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos y advirtió de que las propias plataformas son conscientes de los efectos negativos que generan, especialmente sobre los menores.
El foco en la infancia y la regulación del entorno digital
En la búsqueda de ese difícil equilibrio entre explotar los avances digitales, mientras se pone coto a sus efectos más lesivos, obviamente, deben ser protagonistas los menores. A ellos se refirió durante su intervención el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, que defendió la necesidad de mantener un diálogo constante con el sector tecnológico para impulsar herramientas que protejan los derechos digitales de niños y adolescentes.
Pérez Correa advirtió de la importancia de definir con claridad estos derechos y de establecer mecanismos eficaces de protección, insistiendo en que regular los espacios digitales no implica limitar la innovación ni el pensamiento crítico.
En este I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales también participó el activista y escritor Cory Doctorow, que analizó el funcionamiento de las grandes plataformas digitales y defendió un internet más abierto y transparente, o la profesora en la Facultad de Derecho de Columbia Anu Bradford, que abordó el papel regulador de la Unión Europea en el escenario tecnológico global.