El Gobierno de Aragón tiene previsto dar luz verde en los próximos días a las subvenciones nominativas dirigidas a entidades como Alcer Ebro o la Asociación Española contra el Cáncer, destinadas al transporte de pacientes en hemodiálisis y enfermos oncológicos, así como a la subida salarial de los empleados públicos para 2027, que superará el 4%.
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón para detallar las principales líneas de actuación del Ejecutivo durante la legislatura.
Tras ofrecer colaboración a todos los grupos parlamentarios “para llegar a acuerdos” e “intentar tener unas finanzas saneadas, una Administración moderna, y que los ciudadanos vivan cada vez mejor”, ha adelantado que “en diez días” el Ejecutivo aprobará el decreto ley de subvenciones nominativas y que “en las próximas semanas” el Consejo de Gobierno validará la mejora retributiva en la Administración.
Ha añadido que en las próximas semanas se activará la Orden de elaboración del presupuesto autonómico de 2027, que irá acompañada de modificaciones de crédito para este ejercicio y de cambios relevantes en Sanidad y Educación para el próximo año. Bermúdez de Castro ha subrayado “el compromiso ineludible” con el acuerdo PP-Vox para presentar un proyecto de ley de presupuestos en cada uno de los cuatro años de legislatura.
Entre las medidas avanzadas, ha señalado el refuerzo de la Unidad de Control del Gasto y la implantación de pagos diarios a los proveedores, recordando que Aragón figura entre las comunidades autónomas con mejor comportamiento en los plazos de pago a este colectivo.
“Con el tema de los presupuestos anuales no podemos dar muchas lecciones ninguno”, ha admitido el consejero, recordando que con el Gobierno de Mariano Rajoy solo hubo un ejercicio sin Presupuestos Generales del Estado, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “lleva camino de no aprobar ninguno en toda la legislatura”.
Ha advertido de que el próximo año habrá “un problema” para cumplir la regla de gasto, en relación con las subidas salariales pactadas con los sindicatos para los empleados públicos, y ha incidido en que el incremento retributivo de los docentes en 2027 superará el 8%. “De eso nadie dice nada”, ha reprochado.
Acuerdo de legislatura y reforma fiscal
El consejero ha resumido las líneas maestras en “el cumplimiento del acuerdo de legislatura”, la reforma tributaria, la búsqueda de una financiación autonómica “más justa” y la mejora de los servicios de emergencias, “que ya son buenos”.
En materia fiscal ha avanzado “retoques” para “atender al conjunto de los aragoneses y a determinados colectivos”, especialmente en el medio rural, con actuaciones como una rebaja de un 0,25 por ciento en el IRPF para contribuyentes con rentas de hasta 50.000 euros, así como la reducción del impuesto de sucesiones y del de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El Ejecutivo prevé además una nueva ley de tasas y precios públicos, el desarrollo reglamentario de los tributos ambientales y “una mejora sustancial de la gestión tributaria”.
Financiación autonómica y función pública
Sobre la financiación autonómica, Bermúdez de Castro ha recordado que la Constitución y el Estatuto “marcan unos derechos y obligaciones” que deben respetarse, subrayando que en Aragón hay servicios “más caros de cubrir que en otras comunidades”, por lo que buscará “el mayor respaldo social y político”.
En función pública, este año se ejecutarán las convocatorias de oposiciones correspondientes a 2023, 2024 y 2025, mientras que el próximo ejercicio se lanzarán las del año siguiente tras el primer semestre. A lo largo de la legislatura, el Gobierno remitirá a las Cortes una propuesta de reforma de la actual Ley de Función Pública.
En el ámbito de las emergencias, ha defendido que “podemos presumir de tener una de las mejores”, destacando que los empleados públicos “son gente que no tiene color político”. Ha reiterado la creación de un centro autonómico de emergencias y de una Agencia de Emergencia de Aragón.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
La diputada del PP Lorena Tabanera ha puesto en valor la reprogramación de los fondos Feader y la alta ejecución de los fondos MRR, y ha destacado los “pasos agigantados” para reducir la temporalidad en la función pública.
Tabanera ha respaldado la estrategia Aragón Inteligente y la reciente implantación del sistema automático de atención a la ciudadanía, enmarcado en la digitalización de la Administración, subrayando que “los datos de los aragoneses están protegidos al más alto nivel”. También ha apoyado la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón y ha valorado el plan de inspección del juego, centrado en los jóvenes y las personas especialmente vulnerables.
Por parte del grupo socialista, Óscar Galeano ha afirmado que Aragón está “en la misma casilla de salida que en 2023”, en referencia al pacto PP-Vox, y ha hablado de “el tercer Gobierno de Azcón en tres años, demasiadas comparecencias diciendo lo mismo cada año, cuando los ciudadanos exigen estabilidad y que haya impulso y gestión”, lamentando que “lo único que ha habido estable estos tres años es el presupuesto de 2024” porque los populares “no han tenido capacidad para traer uno nuevo”.
Ha cuestionado si se modificará el presupuesto de este año “al gusto de Vox”, para recortar subvenciones a agentes sociales o favorecer a la educación concertada, y ha sugerido que el consejero “no se sentirá muy cómodo” con cambios para ejecutar “determinados pactos”. Ha reclamado además cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Galeano ha preguntado si “la gran aportación de este Gobierno van a ser las modificaciones presupuestarias” y si Vox respaldará el refuerzo de la Sanidad pública. Respecto a la ley de función pública, ha señalado que “es un plato fuerte”, recordando que ya se anunció en el primer Gobierno de Azcón, aunque “estaba preparada en el horno”. También ha advertido de que “la Administración General pierde efectivos”, algo que PSOE y sindicatos han denunciado “por activa y por pasiva” porque “significa que los servicios públicos se devalúan”.
El diputado de Vox Juan Vidal ha remarcado la ralentización del crecimiento de la deuda, con una bajada de 40 a 10 millones en el caso de las empresas públicas, y el aumento de la recaudación tributaria, resaltando el “dinamismo” del mercado de la vivienda.
Vidal ha preguntado si ya se percibe el efecto de las inversiones empresariales anunciadas y ha reclamado “las medidas de eficiencia para corregir desviaciaciones” sin recortar servicios, defendiendo en particular “la fiscalidad justa” para que al final de la legislatura la clase media y trabajadora soporte un uno por ciento menos de presión fiscal. Ha solicitado asimismo un plan fiscal específico para las familias.
En materia de vivienda, ha propuesto mejorar los incentivos fiscales para la compra de vivienda en el medio rural y rebajar tasas y precios públicos vinculados a la caza y la pesca o a los servicios universitarios. Ha pedido eliminar el impuesto ambiental sobre emisiones y, en cuanto al control del gasto, ha reclamado auditorías periódicas para evitar desembolsos improductivos.
La diputada de CHA Verónica Villagrasa ha incidido en “la necesidad de contar con un presupuesto anual a tiempo” y ha preguntado si lo habrá para 2027, confiando en que el Ejecutivo remita el techo de gasto a las Cortes “en las próximase semanas” y en que “van a abrirse a negociar” no solo con Vox, sino también con el resto de grupos.
Villagrasa ha expresado su inquietud por la gestión de los fondos MRR, especialmente por su justificación, y ha dudado de “qué llegada” han tenido realmente para la ciudadanía.
En el turno de IU, Marta Abengochea ha señalado que continúa la ausencia de nuevos presupuestos y que la prórroga de las cuentas “no ha impedido las subvenciones a dedo ni la concertación del bachillerato”, pero no ha servido para corregir “vicios estructurales”.