Las Cortes de Aragón han dado luz verde este jueves, en sesión plenaria, a una proposición no de ley impulsada por Vox con la que se insta al Gobierno central a “rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de ministros”. La propuesta ha incorporado dos enmiendas del PP, aceptadas por Vox, y ha salido adelante con el respaldo de PP y Vox y el rechazo de PSOE, CHA, A-TE e IU.
El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado de Vox David Arranz. Con el texto aprobado, la cámara autonómica reclama al Ejecutivo que “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años” y “proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen”.
El documento también plantea la expulsión de “cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya”.
Otra de las medidas incluidas es “establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización”.
En el texto, las Cortes de Aragón sostienen que, “ante el contexto creado por las políticas en materia de inmigración del Gobierno de España, que afectan a nuestra seguridad, empleo, vivienda y otras cuestiones fundamentales como el acceso a los servicios públicos esenciales, es necesario poner fin a políticas con efecto llamada”.
El Parlamento autonómico se posiciona a favor de “implementar una política migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres”.
Ayudas sociales y organizaciones
La iniciativa reclama también al Gobierno de España que elimine “toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen”.
Asimismo, se propone “eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores” y “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa”.
Institución del arraigo y padrón
Además, la cámara autonómica reclama “realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra Nación” y “llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo”.
La PNL también contempla la petición de “promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación a las obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse”.
Del mismo modo, se insta a “que el Gobierno de España adapte de manera inmediata a la legislación nacional, el nuevo reglamento europeo de retornos aprobado en el Parlamento Europeo, orientado a endurecer la política migratoria” y a “suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales”.