La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha detallado este viernes que el coste de la atención a los menores migrantes en las islas durante 2025 asciende a 155 millones de euros, al tiempo que ha señalado que la red de acogida se está ajustando con el cierre progresivo de varios recursos gracias a la derivación de menores a otras comunidades autónomas.
En su intervención ante la comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de Vox, ha precisado que ya han salido de las islas 719 menores hacia otras comunidades por la vía del artículo 35 de la ley de extranjería, lo que ha permitido que el archipiélago pase de 4.389 menores tutelados a 3.337.
No obstante, ha admitido que la ocupación media de los centros de acogida “sigue siendo alta”, situándose en torno al 123%, aunque lejos del “160 o 170%” registrado en 2025.
Delgado ha afeado a la portavoz de Vox, Paula Jover, “el discurso fácil de poner precio a un niño” para cuestionar la atención que reciben, recordando que se trata de menores en situación de “alta vulnerabilidad” y que, además, su protección es una “obligación legal” para Canarias.
En esa misma línea, ha recalcado que no se trata de una “simple factura contable” ni de gestionar “mercancías ni balances de una empresa privada”, y ha subrayado que el Ejecutivo autonómico no gasta “mal”, puesto que Canarias figura entre las comunidades con menor coste por plaza.
La consejera ha reiterado su exigencia al Estado y al resto de comunidades autónomas para que se mantenga el sistema de derivación de menores migrantes y, de forma particular, ha pedido a Vox que se garantice el cumplimiento de la ley en Extremadura y Aragón, y que no contribuya a convertir a Canarias “en una cárcel de Europa” con la aplicación del nuevo pacto de asilo.
Por su parte, Jover ha criticado los “gastos millonarios” destinados a la atención de menores migrantes, tanto en los centros de acogida como desde la Consejería de Educación, incluyendo “apoyos lingüísticos, libros, material, comedor, gasto sanitario o gasto de asistencia”.
En este contexto, ha reclamado a Delgado “eficiencia y racionalización del gasto”, ha vinculado a los menores migrantes con el hacinamiento en el transporte público tras la implantación de la gratuidad y ha censurado que se destine un presupuesto 14 veces superior al de las ayudas de vivienda para jóvenes.
Asimismo, ha denunciado que padres de menores nacionales tutelados por la comunidad autónoma “compran ropa a sus hijos” mientras que los menores migrantes “van con primeras marcas” que “una familia canaria no se puede permitir”, así como entradas para parques acuáticos de ocio.