Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la iniciativa registrada por Vox en el Pleno, en la que reclamaba al Gobierno autonómico implantar el criterio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. La propuesta no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PP y PSOE.
En su texto, Vox pedía al Ejecutivo regional que en Castilla-La Mancha el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se rigiera por el principio de prioridad nacional, de forma que se garantizara la asignación preferente de los recursos “a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio” y se vetara el acceso a prestaciones y servicios sociales a las personas en situación administrativa irregular, limitando su cobertura únicamente a supuestos de urgencia vital.
Paralelamente, el PP también ha visto rechazada su propia propuesta, en la que solicitaba instar al Gobierno regional a “promover el acceso a las subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable”.
Según los populares, este modelo, compatible con la normativa vigente, debería contemplar un período mínimo reforzado de residencia efectiva, empadronamiento y vinculación con el territorio, así como la conexión del acceso a las ayudas con la trayectoria de cotización, la permanencia y la contribución al sistema.
La propuesta de resolución presentada por el PSOE en este mismo debate tampoco ha prosperado, al producirse un empate técnico en la votación entre los diputados socialistas y los del PP.
En su iniciativa, los socialistas mostraban su rechazo a los acuerdos que, según denuncian, están alcanzando Partido Popular y Vox en distintas administraciones públicas de Castilla-La Mancha, en los que se prevé “aplicar la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, discriminando y excluyendo a las personas migrantes, medidas que son contrarias al ordenamiento jurídico de España”.
Inmigración como parte de la solución
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha abierto el turno de intervenciones recordando que el 79 por ciento de los 919 municipios de Castilla-La Mancha se encuentran en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, subrayando que “la inmigración no es un problema para la despoblación, sino que es parte de la solución”.
Ha remarcado que “muchos de nuestros pueblos han mantenido población, actividad económica y servicios, gracias precisamente a la llegada de personas migrantes. Sectores como la agricultura, los ciudados, la logística o la hostelería dependen en gran medida de trabajadores extranjeros. Señalarles como el problema, es completamente ridículo”.
García ha aportado datos demográficos, apuntando que la región encadena tres años de crecimiento poblacional y que el saldo migratorio acumulado entre 2021 y 2024 asciende a 15.423 personas. De cada 100 personas que llegan a Castilla-La Mancha, 23 optan por instalarse en áreas poco pobladas, una cifra “muy significativa”, ha enfatizado.
“La pregunta, por tanto, no es si realmente queremos inmigración o no. No, la pregunta que nos debemos hacer es si queremos gestionar bien nuestro territorio, si queremos garantizar los derechos universales a nuestros ciudadanos. Esa es la pregunta y la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha sostenido la consejera.
Ha defendido que la política de la Junta “se basa en valores, en datos, en la responsabilidad que implica gobernar para todos” y ha reclamado a Vox que tome un “rumbo distinto” y no caiga “solo el debate del odio”.
Asimismo, ha pedido a Vox “mirar la historia” cuando “los castellanomanchegos emigraron a Alemania, con una maleta de cartón” o “los que mandaban dinero a sus familias desde cualquier punto de Europa”.
C-LM, “golpeada por inmigración masiva”, según Vox
El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha descrito Castilla-La Mancha como una de las comunidades “más golpeadas” por la “inmigración masiva”, donde, a su juicio, “se perturba la paz social”.
Ha señalado que en varias provincias de la región más del 20 por ciento de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros. En Toledo, de los 13.000 beneficiarios, un 22% son extranjeros; en Guadalajara, de 3.000 beneficiarios, un 28% son extranjeros o en Cuenca, de los 2.700 beneficiarios, el 27% son extranjeros. Esas son sus cifras, las cifras de su gestión, de la gestión de Emiliano García-Page en cuanto al ingreso mínimo vital en Castilla-La Mancha.
Moreno ha asegurado que “la inmigración en España detrae más recursos de los que aporta. Eso está demostrado científicamente y avalado por innumerables estudios”.
Ha reclamado que “se audite el gasto público en Castilla-La Mancha y saber cuál es el impacto de la inmigración ilegal en la sanidad pública” y ha interpelado a la consejera sobre “por qué el Partido Socialista no quiere que se sepan las cuentas reales y el impacto de la inmigración en nuestra región”.
Ha avanzado que, si llegan al Ejecutivo autonómico, abrirán “todos los cajones para sacar el coste real de los menores no acompañados en las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, para saber el coste real de la inmigración ilegal en la sanidad pública regional, para saber el número real de migrantes beneficiarios de vivienda pública”.
“Los castellanomanchegos tienen todo el derecho a saberlo, a saber la realidad de las cuentas. En Vox no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, ha recalcado.
El PP reivindica al extranjero que contribuye
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina Agudo, ha explicado que, en su propuesta de resolución, su formación plantea “que se derogue la regulación masiva planteada por Pedro Sánchez”, y que “exista prioridad nacional conforme al arraigo y a la legislación vigente”.
Coincide con Vox en que “los recursos públicos no son ilimitados”, pero ha precisado que el PP defiende que “quienes trabajan, quienes cotizan, quienes pagan impuestos, quienes han echado raíces aquí”, deben “tener prioridad en el acceso de los servicios públicos”, matizando que los populares no preguntan “de dónde viene” cada persona.
En este sentido, ha salido en defensa de “los extranjeros que han venido a trabajar, a aportar y a construir su proyecto de vida”. “El que viene a España a aportar al Estado de Bienestar, bienvenido. El que viene a España a delinquir, fuera de nuestro territorio. Así de claro y sin ninguna duda”, ha manifestado Agudo.
El PSOE afea el “racismo” de Vox
Por parte del Grupo Socialista, Pablo Camacho ha sostenido que lo que plantea Vox “es un bulo”, y ha lamentado que no sean “originales ni para ser racistas”. “La historia nos recuerda que las sociedades han caído muchas veces en la misma piedra, también en la piedra del racismo”.
Ha acusado a Vox de utilizar como atrezzo en sus discursos “a los españoles, utiliza a los pensionistas, a los trabajadores, a los jóvenes, a las familias humildes y al mundo rural”.
De igual modo, les ha reprochado que presuman “de ser cristianos”, una postura que, según ha dicho, “en la práctica choca frontalmente contra el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret”. “En la parábola del buen samaritano, Jesús no eligió como ejemplo moral al poderoso, ni al puro, ni al nacional. Jesús eligió precisamente a un extranjero, a un inmigrante despreciado, para dar una lección a quienes se creían mejores que él”, ha concluido Camacho.