El pleno del Parlament ha dado su aprobación definitiva a la ley del tercer sector, una norma que ordenará el funcionamiento de las cerca de 3.000 entidades que forman parte del tercer sector de Catalunya, con el objetivo de reconocer y reforzar su labor e impulsar su vínculo tanto con la Administración como con el ámbito privado.
La votación ha salido adelante con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns, mientras que PP, Vox y CUP se han abstenido y Aliança Catalana ha votado en contra.
La proposición de ley culmina así su tramitación casi 4 años después, ya que la iniciativa se registró por primera vez en mayo de 2022, y la convocatoria anticipada de elecciones en 2024 provocó que decayera tras cerca de 2 años de debate parlamentario.
En Catalunya operan en torno a 3.000 organizaciones sociales sin ánimo de lucro que atienden a 1,5 millones de personas, con un volumen económico aproximado de 3.000 millones de euros, equivalente al 1,37% del PIB. El sector genera 100.000 puestos de trabajo y agrupa a 370.000 personas voluntarias.
Relación con la Administración
El texto fija que estas entidades deben disponer de personalidad jurídica propia, ser de naturaleza privada y no lucrativa, tener sede en Catalunya, ser de iniciativa ciudadana, cumplir criterios de transparencia y desarrollar actividades de interés general.
Asimismo, concreta los instrumentos de colaboración entre las entidades y las administraciones públicas mediante la acción concertada social y la gestión delegada, y prevé otras fórmulas como convenios, acuerdos marco y subvenciones para que puedan llevar a cabo actividades sociales de interés general.
La ley también reconoce a las entidades el derecho a intervenir en la elaboración de las políticas públicas y crea el Consell de Diàleg Civil de Catalunya, con presencia de la Generalitat y de las entidades, para que actúe como “mecanismo de interlocución permanente” con el Govern. Además, se las faculta para participar en el Consell de Treball Econòmic i Social y en el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
En una disposición adicional, la norma determina que el 20 de marzo, fecha de su aprobación, sea proclamado por el Govern como Día del Tercer Sector Social de Catalunya y que se celebre cada año.
Reacciones del Govern y del sector
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha destacado tras la votación que el avance que supone esta ley haya contado “con un amplio consenso parlamentario”, y ha subrayado que se trata de una norma largamente reivindicada por el sector.
“Nos permitirá tener una colaboración más estrecha con el tercer sector para construir las políticas públicas, fortalecer el sector social y ser socios estratégicos desde las administraciones públicas y del tercer sector”, ha sostenido.
El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha expresado su emoción por el impacto que tendrá la ley al formalizar las entidades y sus funciones, y por asegurar su participación e interlocución en la definición de las políticas públicas.
“Deberemos tener más capacidad de poder pronunciarnos e influir en relación a políticas públicas que afectan a toda la ciudadanía”, y ha señalado que facilitará una financiación más estable para las entidades a través de los conciertos sociales, que se reconoce en esta ley, pero se deberá desarrollar en otras normas.
Por su parte, el presidente de La Confederació, Jordi Roman, ha puesto en valor el reconocimiento que la norma otorga a la sociedad civil organizada: “Representa el reconocimiento explícito, en rango normativo de ley, de todo un sector, de 120.000 trabajadores, de personas beneficiarias, de entidades y sobre todo de personas voluntarias, y sobre todo representa el reconocimiento a la sociedad civil organizada”.
Ha apuntado que la ley abrirá nuevas posibilidades de mejora para el sector, aunque la ha definido como un “primer paso” que deberá completarse con la ley de los instrumentos de provisión de Servicios Sociales y con la ley de la economía social y solidaria.
Finalmente, la Coordinadora Catalana de Fundacions ha valorado en un comunicado que la nueva ley facilite una interlocución más intensa, mayor participación y estabilidad, además de reconocer la pluralidad jurídica de las entidades.
“Es importante porque da visibilidad al trabajo de miles de entidades que, desde la proximidad y el compromiso, contribuyen cada día a la cohesión social y al bienestar de las personas, ha dicho la presidenta, Eugènia Bieto.