El Pleno del Congreso ha sido escenario este martes de un duro enfrentamiento político en torno a la creación de un Consorcio bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya, concebido para planificar las inversiones estatales en ese territorio y mejorar su grado de ejecución. La propuesta, defendida conjuntamente por PSOE y ERC, ha topado con el rechazo frontal de PP, Vox y Junts.
En la defensa de la proposición de ley, la diputada de ERC Inés Granollers ha subrayado que la iniciativa surge de “la realidad de la desinversión estructural del Estado en Catalunya, ya que se ha prometido mucho y se ha ejecutado demasiado poco”. Ha insistido en que el problema no es únicamente el volumen de recursos invertidos, sino que “se ha decidido desde lejos, sin conocer el territorio”.
Granollers ha remarcado que el nuevo organismo permitiría a la Generalitat intervenir en la planificación y en la dirección estratégica de las inversiones del Estado en Catalunya, mediante un plan plurianual, mecanismos correctores y la creación de una sociedad mercantil para agilizar la ejecución. “Pero no renunciamos a la plena soberanía fiscal”, ha recalcado.
Defensa del PSOE y críticas a PP y Junts
El portavoz del PSC en el Congreso, José Zaragoza, ha respaldado el consorcio argumentando que las comunidades autónomas podrían decidir “dónde se invierte” porque son quienes “mejor conocen el territorio”. Ha afeado a Junts que cuestione una herramienta orientada a mejorar las inversiones y ha asegurado que no soportan que “con un Gobierno del PSC Catalunya avanza”.
Zaragoza también ha arremetido contra el PP por utilizar las autonomías como “trincheras contra el PSOE” y por renunciar a la cooperación institucional para buscar “la confrontación”, ya sea, ha señalado, por atacar a los socialistas o por “miedo a Vox”.
Sumar y Podemos se alinean con la iniciativa
Desde Sumar, la dirigente de los Comuns Candela López ha recordado que Catalunya soporta un “déficit histórico” tanto de inversión como de ejecución y ha reclamado priorizar proyectos como Cercanías, “no la ampliación del aeropuerto”. A su entender, el consorcio contribuiría a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y a mejorar el cumplimiento de los compromisos en infraestructuras.
La diputada de Podemos Martina Velarde ha avanzado el respaldo de su grupo porque “va en buena dirección”, si bien ha avisado de que el texto debe “afinarse y concretarse bastante más”. Ha expresado su inquietud por que el Consorcio acabe generando más complejidad institucional o solapamientos de competencias y ha exigido transparencia, seguridad jurídica y evitar que se abran la puerta a nuevos peajes en las carreteras.
Junts rechaza el consorcio y exige transferencias
En el lado opuesto, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha advertido de que con este Consorcio se asume que las infraestructuras estratégicas catalanas “sigan controladas desde Madrid”. Ha reconocido que la ley parte de un diagnóstico “correcto”, el de que “Madrid no paga”, pero ha defendido que Catalunya “no necesita chiringuitos, sino cobrar lo que Madrid debe”.
“Catalunya no necesita un consorcio. Catalunya necesita que nos hagan las transferencias del dinero que nos corresponde”, ha enfatizado Nogueras, acusando a los distintos gobiernos del Estado de no haber abonado “nunca” lo que, a su juicio, correspondía a los catalanes en trenes, carreteras o aeropuertos. Ha subrayado que su postura es “clarísima”: “O pagan o pagan”.
PP y Vox cargan contra nuevas estructuras
Por parte del PP, la diputada Cristina Agüera ha rechazado la proposición alegando que lo que realmente “beneficia y necesita” Catalunya es que “lleguen las inversiones”, y no la creación de “más estructuras” ni el reparto de más “sillas”.
Según Agüera, cuando un Ejecutivo no ejecuta lo comprometido solo tiene dos salidas: asumir responsabilidades o levantar nuevas entidades para tapar su “incompetencia”. Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de optar por lo segundo y ha sentenciado: “Hoy debatimos no una solución real para las inversiones en Catalunya, sino cómo sustituir su falta de gestión por más estructura”.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe también ha rechazado la iniciativa, al considerar que no nace para resolver problemas reales, sino para atender “peajes” políticos, sostener “mayorías inestables” y revestir de interés general lo que, en su opinión, obedece a necesidades de “supervivencia parlamentaria”.
Aizcorbe ha asegurado que Catalunya no sufre falta de organismos administrativos, sino una “red ferroviaria impropia de su peso económico, carreteras saturadas, presión fiscal, inseguridad y una convivencia dañada”. Y ha concluido que “una nación de ciudadanos libres e iguales no puede organizarse como un mercado permanente de privilegios territoriales”.