El MInisterio de Vivienda no quiere que las comunidades autónomas excluyan al Gobierno de la nueva vivienda que espera levantar con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El nuevo plan, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, contempla 7.000 millones de euros de inversión, fundamentalmente dirigida a ampliar la oferta de vivienda protegida a precios asequibles.
De ellos, un 60% sería a cargo de la Administración General del Estado, condicionados a que las comunidades autónomas se hagan cargo del 40%. Una fórmula similar a la empleada en los descuentos del transporte público con motivo de la crisis energética. Yo te pongo el dinero si tú pones tu parte, siendo esta menor.
Eso sí, el Gobierno no quiere que todo esto esfuerzo inversor –los fondos se triplican en este plan respecto al último aprobado, que ya implicaba inversiones récord– sea capitalizado en exclusiva por las administraciones autonónmicas.
Así, las comunidades se exponen a ver bloqueados los fondos parcial o totalmente en caso de omitir que las viviendas ofrecidas forman parte de la financiación del plan estatal, incluyendo la imagen institucional del Gobierno y del Ministerio de Vivienda.
Es más, las administraciones autonómicas deberán contar con el Gobierno para cualquier inauguración, presentación pública o puesta de primera piedra de viviendas financiadas con cargo al plan.
Estos actos deberán contar con la autorización del Ejecutivo o al menos contemplar su presencia, con la obligación de comunicar el evento con una antelación mínima de treinta días a su celebración.
Las garantías exponen el temor del Ministerio de Vivienda de que las administraciones autonómicas obvien el papel del Gobierno a la hora de ampliar la oferta de vivienda a la ciudadanía, una de las mayores preocupaciones de la sociedad española.
De hecho, en las últimas semanas varios gobiernos han anunciado reformas para agilizar o acelerar la construcción de vivienda, como es el caso de la Comunidad de Madrid, o han avanzado planes con un objetivo de construcción de nuevas viviendas, como Andalucía.
En caso de ser actuaciones financiadas con cargo a programas de ayudas del plan, deberán especificar su procedencia. También las resoluciones de concesión de ayudas.
Observación del Consejo de Estado
Este postulado ha sido cuestionado por el Consejo de Estado, órgano consultivo que analizó el plan y emitió su dictamen semanas antes de ser aprobado en Consejo de Ministros.
Este organismo llamó a replantear la penalización prevista –retirada total o parcial de fondos–, al considerar que era una medida prevista para otros incumplimientos de mayor gravedad, no comparables como la de obviar el papel del Gobierno central en la ejecución de las ayudas.
La observación, a diferencia de otras trasladadas por el Consejo de Estado, no fue tenida en cuenta.
Vivienda apela al “respeto institucional”
Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda defienden en declaraciones a Demócrata que la medida trata de “mantener el respeto, la colaboración y la lealtad institucional”. “Si hay respeto institucional no se tiene por qué dar” la suspensión de fondos.
“No es de recibo que aportando el 60% de la financiación se obvie la presencia del Estado. ¿O es de recibo que siendo los mayores aportadores se le intente ocultar?”, se preguntan estas fuentes.