El Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda de la Comunidad de Madrid sigue adelante en la Asamblea regional después de que PP y Vox hayan rechazado las enmiendas a la totalidad registradas por Más Madrid y PSOE. La iniciativa legislativa persigue incrementar la edificabilidad y la densidad residencial, además de favorecer la puesta en marcha de 18.000 viviendas protegidas.
Durante el debate en el Parlamento autonómico, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido que se trata de un proyecto “serio, ambicioso y útil” frente a un Ejecutivo central que, a su juicio, pretende “intervenir el mercado o generar inseguridad jurídica”.
“Apostamos por aumentar la oferta. Esa es la clave. Más vivienda, especialmente vivienda protegida, como única vía eficaz para moderar los precios y garantizar el acceso”, ha remarcado el consejero, que ha insistido en la necesidad de ampliar el parque residencial disponible.
Rodrigo ha señalado como principal freno en estos momentos “la inacción y el sectarismo del Gobierno central” que, según ha dicho, “complica y restringe”. “Esa es la lamentable realidad de las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido.
Críticas de Más Madrid y PSOE a la norma
En nombre de Más Madrid, el diputado Jorge Moruno ha acusado al Ejecutivo autonómico de “ahondar y avanzar en la privatización de la gestión del suelo”. Ha defendido que hay que “abaratar y hacer más viables las promociones”, así como topar el precio del suelo que se destina a vivienda protegida a un máximo de un 15% sobre el valor del módulo”.
“Ustedes practican el abandono institucional sobre el patrimonio de los madrileños. Y lo hacen adrede. Lo hacen adrede porque no confían en lo público. Quieren denigrar lo público para justificar privatizaciones y luego aparecer como salvadores que bajan los impuestos. Ustedes parten las piernas y luego ofrecen las muletas”, ha reprochado el parlamentario de Más Madrid.
Por su parte, el diputado socialista Javier Guardiola ha arremetido contra el enfoque de la ley al considerar que “no se refuerza el parque público de vivienda, no recoge los desequilibrios del mercado, ni garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna a los colectivos con menos recursos”.
“Esta ley de oferta de vivienda protegida ni protege la vivienda, ni aumenta la oferta, ni hablan ni siquiera de vivienda. No engañen a la gente con los nombres. No corrige los desequilibrios del mercado y ni garantiza el acceso efectivo a una vivienda digna, sobre todo a los colectivos con menores recursos”, ha manifestado.
La posición de Vox y las medidas urbanísticas
Desde Vox, la diputada Beatriz Tejero ha cuestionado que la izquierda recurra a enmiendas a la totalidad, algo que ha calificado de “bastante fácil”, y ha señalado que, aunque comprenden “la urgencia” de la ley, no comparten “las prisas”.
Tejero ha sostenido que “yo creo que el número de viviendas que esta ley va a poner en el mercado se podría haber solucionado muchísimo más fácil, y es todas aquellas viviendas públicas que tienen en propiedad que por falta de mantenimiento al final pues no la pueden sacar en alquiler y las terminan ocupando”, si bien ha reconocido que la norma sí introduce “algunas limitaciones y recursos para evitar la especulación”.
El texto legal incorpora instrumentos urbanísticos extraordinarios para movilizar suelo, acelerar la puesta en marcha de proyectos y minimizar las trabas administrativas que hasta ahora frenaban nuevas promociones residenciales.
Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad de que las redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida se incluyan entre las parcelas que podrán beneficiarse de los incrementos de edificabilidad y densidad contemplados en la ley. Con ello se busca optimizar el uso de los suelos públicos existentes y reforzar la capacidad de las administraciones para promover vivienda protegida.
Además, se prevé una nueva habilitación para que los ayuntamientos autoricen, con carácter temporal y sin necesidad de revisar el planeamiento urbanístico, fórmulas de alojamiento temporal en solares vacantes de uso industrial situados en áreas urbanas ya consolidadas.
Según el Gobierno regional, esta medida permitirá recuperar viviendas hoy ocupadas por usos temporales, responder a nuevas demandas vinculadas a la movilidad laboral y dar salida a suelos infrautilizados mediante alternativas residenciales compatibles con el entorno urbano.
La norma también apuesta por la simplificación y agilización de los trámites mediante la aplicación del silencio positivo en la emisión de informes sectoriales. Así, si los informes preceptivos no se emiten en un plazo máximo de tres meses, el planeamiento urbanístico podrá seguir su curso.
Con este mecanismo se pretende evitar bloqueos administrativos, recortar los plazos de tramitación y aportar mayor seguridad jurídica al desarrollo de nuevos proyectos de vivienda.