La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves, gracias a la mayoría del PP, la Proposición de Ley registrada por Más Madrid para rebajar la jornada semanal de los empleados públicos de la Comunidad a 35 horas, en línea con lo ya aplicado en la Administración General del Estado.
La iniciativa partía con escasas posibilidades de prosperar después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, manifestara en el anterior Pleno su oposición frontal a extender este modelo a la Administración autonómica.
En aquella sesión, y a raíz de una pregunta sobre si el Gobierno regional contemplaba replicar el esquema de la AGE, Albert sostuvo que reducir la jornada a 35 horas en la Administración General del Estado ha supuesto "perder 17.000 puestos a tiempo completo".
En defensa de la propuesta ha intervenido la diputada de Más Madrid Esther Rodríguez, quien ha sostenido que la sociedad avanza cuando "gana derechos, tiempos de vida y bienestar" y que, para que un sistema funcione, no es necesario "apretar más, exigir más, controlar más".
"La derecha convierte el trabajo en presión. La izquierda entiende que el trabajo debe ser compatible con vivir. La izquierda sospecha siempre del trabajador. La izquierda confía en las personas sin su capacidad cuando se las trata con dignidad", ha señalado, planteando la reducción de jornada también como un asunto de "igualdad" y "corresponsabilidad", ya que las jornadas extensas "no afectan por igual a todo el mundo".
El diputado socialista Daniel Rubio ha respaldado igualmente la medida y ha puesto en valor que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, haya aplicado esta jornada en la AGE.
Ha destacado que "ha sido el resultado de una negociación que era compleja, con un compromiso claro por mantener la calidad de los servicios públicos, los derechos laborales y acompañada con unas garantías de prestación del servicio", al tiempo que ha recordado que la misma decisión se ha adoptado en distintos ejecutivos autonómicos y ayuntamientos, y que la negativa parte del PP madrileño.
Desde las filas del PP, la diputada Ainhoa García Jabonero ha censurado que la izquierda vuelva a registrar esta propuesta justo después de la entrada en vigor de las 35 horas en la AGE, únicamente para "sumarse a la trampa del Gobierno de Sánchez". "A día de hoy no sabemos cuál será el coste de esta medida y no lo sabemos oficialmente porque el Gobierno de España no ha sido capaz de presentar ningún estudio de impacto", ha criticado.
En este sentido, ha insistido en que se trata de una reforma con "un coste elevado" y que, como mínimo, es necesario "tomárselo en serio" y evaluar sus consecuencias. Además, ha subrayado el contexto demográfico de la plantilla pública, recordando que en cinco años "cerca del 20% de la plantilla" se jubilará y que buena parte de los empleados públicos supera ya los 50 años.
Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha recalcado que el verdadero problema de la Comunidad no es "la falta de dinero" sino "la falta de valentía, de decisión política y de principios", y ha defendido que en este ámbito debe aplicarse también "el principio de prioridad nacional".
"Deberían estar por delante los derechos de nuestros trabajadores, los derechos de nuestros empleados públicos, antes que cubrir los gastos derivados de una inmigración ilegal, irregular, masiva, que colapsa", ha concluido.