La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha reiterado que las familias afectadas por la paralización de las obras del colegio Yvonne Blake de Fuenlabrada pueden “estar tranquilas de cara a septiembre”.
La responsable regional ha respondido así en la sesión de control del Pleno a una pregunta de la diputada fuenlabreña del PSOE, Silvia Monterrubio, que se ha hecho eco del parón en la tercera y última fase del centro, motivado por problemas de “liquidez” de la empresa adjudicataria.
Zarzalejo ha subrayado que el Ejecutivo autonómico lo ha “detectado pronto” gracias a la “actuación correcta y continuada de inspección que hacen los técnicos de las obras”, y ha remarcado que actualmente se están llevando a cabo más de 80 actuaciones, de las cuales solo dos se han visto interrumpidas, una en Fuenlabrada y otra en Rivas Vaciamadrid, por la entrada de la empresa en “concurso de acreedores”.
“Evidentemente nos preocupa y por eso hemos actuado de inmediato con un primer requerimiento enviado el 13 de abril y un segundo y definitivo requerimiento enviado precisamente esta semana, y le puedo garantizar que las familias pueden estar tranquilas de cara a septiembre”, ha insistido la consejera durante su intervención.
Al mismo tiempo, Zarzalejo ha pedido al PSOE que deje de “manipular” con sus críticas al modelo de construcción por fases, y ha defendido que fue la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien decidió suprimir este sistema en los proyectos planteados desde 2019.
Por su parte, Monterrubio ha replicado que el colegio tendría que haber estado finalizado en 2017, pero “que se entregó tarde y se entregó mal” precisamente por optar por la ejecución por etapas, “ignorando a las familias, a la comunidad educativa y, por supuesto, al sentido común”.
La diputada socialista ha lamentado que “y cuando por fin parecía que se iba a terminar, de nuevo, esas familias observan atónitas las obras paralizadas, que de verdad, si no fuera tan grave, parecería toda una tomadura de pelo marca de la casa”, y ha recordado que, a su juicio, al ser el Gobierno regional quien adjudica los contratos, debe asumir las consecuencias cuando surgen problemas. “Así que menos excusas y más responsabilidad”, ha concluido.