El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, ha instado este viernes en el Parlamento de Navarra a que se impulsen y aprueben las medidas legales y administrativas necesarias para culminar la reestructuración de la Administración Local.
Cabeza ha acudido a la Cámara foral para detallar el informe sobre el sector público local de Navarra relativo a 2023, un documento que alude a la ley del mapa local de 2019, concebida con un doble propósito: reagrupar entidades locales mediante comarcas y articular un nuevo modelo de financiación. Hasta la fecha solo se ha materializado este segundo objetivo, mientras que la configuración del nuevo mapa local continúa sin desarrollarse.
En este contexto, Ignacio Cabeza ha recordado que en la ley “se preveía la creación de comarcas y de mancomunidades de planificación general y se marcaba la iniciativa de estas constituciones hasta agosto de 2020”, pero ha precisado que “no se ha creado ninguna comarca”.
Actualmente, el sector público local navarro está compuesto por 701 entes: 272 ayuntamientos, 345 concejos, 62 mancomunidades y 22 agrupaciones de municipios.
Cabeza ha advertido de que “la reducida dimensión de los ayuntamientos dificulta enormemente la prestación de servicios con eficacia y eficiencia”. Ha añadido que “prácticamente el 70% de municipios tiene menos de mil habitantes y representan el 8% de la población, y los doce grandes municipios representan el 59% de la población”.
El informe de Comptos vuelve a poner el foco en la “falta de racionalidad” del actual mapa local, dado que la mayoría de municipios cuenta con poca población y una estructura administrativa muy limitada. A juicio de la institución, un diseño territorial más coherente debería concentrar entidades locales para elevar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos.
Pese a ello, Ignacio Cabeza ha subrayado que “se mantiene la tónica de una situación financiera saneada” en las entidades locales navarras, “con incrementos relevantes en ahorro neto, hasta los 130 millones de euros, y en remanente de tesorería, 400 millones de euros, y una disminución relevante de la deuda viva, que asciende a 100 millones y que se ha reducido en 80 millones con relación al ejercicio anterior”.
Respecto a la rendición de cuentas, ha señalado que, “en general, las entidades locales rinden cuentas, pero con demoras muy significativas”. Según ha detallado, “en 2023, solo las aprobaron en plazo el 58% de las entidades locales y el envío al Departamento de Administración Local en plazo se limitó al 23%, cifras ambas bastante inferiores a las del ejercicio anterior”.
Además de reclamar que se complete la reestructuración de la Administración Local, la Cámara de Comptos plantea aprobar el desarrollo reglamentario del régimen jurídico del control interno y revisar la contabilidad local para adecuarla al Plan General de Contabilidad Pública.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha remarcado que la reorganización del mapa local es la recomendación que “más tiempo lleva pendiente, es una reflexión que ya está en el mundo local desde hace más de 30 años”. A su juicio, “es la gran tarea que tenemos pendiente para dar respuesta a las competencias que tiene atribuidas el mundo local para dar servicio a los ciudadanos, aunque la foto que deja el informe es positiva desde el punto de vista cuantitativo”.
Desde UPN, su portavoz Mario Fabo ha opinado que la ley de Administración Local de 2019 “no va a resolver la carga de servicios que ofrecen las entidades locales ni va a solucionar el problema del personal y su formación” y ha expresado sus dudas sobre que esta reforma llegue a “poner en marcha”. “No va a ir ni para adelante ni para atrás”, ha zanjado.
En nombre del PSN, Javier Lecumberri ha manifestado que “no hay ninguna duda de que tenemos que aunar y aprovechar recursos, eso se puede llamar comarca, se puede llamar mancomunidad, se puede llamar entidades municipales, no tenemos ningún problema”. Ha recalcado que “no es tanto la palabra, sino lo que hay detrás. Si lo que hay detrás de esa palabra es una figura política interpuesta entre lo que serían las entidades locales y el propio Gobierno de Navarra, no estamos por la labor. Si lo que hay detrás de eso es una entidad de gestión, de aprovechamiento de recursos, de mejorar los servicios que se les da a los ciudadanos, ahí siempre vamos a estar. Entre una cosa y otra, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo”.
El portavoz de EH Bildu, Oihan Mendo, ha puesto el acento en la urgencia de desplegar la ley foral de 2019, “una ley que está aprobada, pero cuyo desarrollo está de alguna manera bloqueado, y es una recomendación que la Cámara de Comptos repite una y otra vez en los sucesivos años, porque no es un capricho, es necesario este desarrollo para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública”. En esta línea, ha remarcado que EH Bildu mantiene la mano tendida “para negociar y acordar aquellos desarrollos normativos y modificaciones que sean necesarios para mejorar el funcionamiento de las entidades locales”.
Por parte del PPN, Irene Royo ha indicado que le “alegra la buena situación financiera de las entidades locales, porque se habla de un incremento del ahorro neto”, y ha defendido que “se tiene que avanzar en las estructuras supramunicipales, pero no con un estatus político, sino a nivel de gestión”. “Se tiene que racionalizar este gasto y se tiene que ir avanzado”, ha añadido.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha concluido que “Navarra tiene unas finanzas locales saneadas y los ayuntamientos navarros no están en una situación de asfixia financiera”. “Se podría resumir en que no hay un problema de dinero sino de estructura”, ha apuntado, para recordar que “no se ha creado ni una sola comarca” desde la entrada en vigor de la ley en 2019. “Es algo que hay que acometer”, ha remachado.