EH Bildu y Geroa Bai no han conseguido este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra los apoyos necesarios para remitir al Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que buscaban implantar un salario mínimo interprofesional (SMI) específico para la Comunidad foral.
La propuesta de ambas formaciones recoge la demanda que vienen defendiendo los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para establecer un SMI propio en Navarra y Euskadi, reivindicación que ha llevado a estas centrales a convocar una huelga general el próximo 17 de marzo.
En la votación celebrada en el pleno navarro sobre la iniciativa de EH Bildu y Geroa Bai, UPN ha optado por la abstención, mientras que el resto de grupos parlamentarios ha rechazado la proposición.
La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha defendido que la economía navarra “está más industrializada que la de otros territorios, la productividad por trabajador es de las más altas del Estado español y también es más alto el porcentaje de riqueza generada por cada persona”. Además, ha subrayado que “en Navarra, los precios de muchos de los productos y servicios son más altos que en el Estado español”, y ha sostenido que un incremento del salario mínimo en la Comunidad foral “ayudaría a una distribución de la riqueza más justa, ayudaría a reducir la pobreza, a reducir el número de personas en riesgo de exclusión social, a estrechar la brecha salarial de género, así como a estrechar otras brechas salariales como la de origen, de edad o de diversidad”.
En términos similares, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha argumentado que la proposición de ley “parte de la premisa de que Navarra tiene una realidad económica y social propia, que tenemos un coste de vida más alto, que tenemos una mayor productividad, y por lo tanto, también entendemos que deberíamos poder contar con instrumentos que permitan adaptar determinadas políticas a esa realidad”.
Desde UPN, su portavoz, Javier Esparza, ha recordado que el SMI “forma parte de un núcleo de legislación laboral española y no estamos ante un simple debate político, sino que es una cuestión que afecta al reparto competencial de nuestro país y al conjunto de las Comunidades Autónomas, y cambiar el SMI exige un debate más profundo, jurídico también, mayor de lo que se plantea en esta Cámara”. Ha añadido que “estamos dispuestos a hablar de ello, no tenemos ningún inconveniente. Tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada”.
Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha sostenido que “la proposición de ley que nos traen aquí no va de autogobierno, de desarrollar una competencia propia que ha quedado claro que no tenemos, la proposición de ley que hoy nos visten de justicia social va de reivindicación soberanista, de construcción nacional”, y ha destacado que el PNV en Euskadi no respalda la reclamación planteada por EH Bildu. “Frente a esta propuesta queremos diálogo social, negociación colectiva y acuerdo interprofesional”, ha recalcado.
La parlamentaria del PPN Irene Royo ha señalado que, “en apariencia”, la proposición de ley “pretende acercar los salarios a la realidad de cada territorio, pero en la práctica abre la puerta a romper la igualdad laboral entre españoles, genera riesgos económicos y desdibuja el papel constitucional de la negociación colectiva”.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha manifestado que su grupo no desea que “ni un solo trabajador navarro tenga condiciones socioeconómicas peores que los trabajadores del resto del país, pero tampoco queremos que ni un solo trabajador español tenga peores condiciones socioeconómicas que las que tienen los trabajadores o las trabajadoras de Navarra”. A su juicio, “hoy abordamos una propuesta política nacionalista que no podemos compartir”.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha defendido que esta iniciativa legislativa no supone “una mejora laboral, es un nuevo paso en esa agenda separatista de EH Bildu para romper España por dentro, fragmentando derechos que deben ser iguales para todos los españoles”. En su opinión, “un navarro ganará más que un extremeño o un andaluz por el mismo trabajo. Eso no es justicia social. Es discriminación territorial”.