La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha señalado que se está avanzando en determinar de forma “objetivable” el importe del reintegro parcial de las subvenciones percibidas por Parquenasa por las obras realizadas en el parque Sendaviva en 2023, tal y como ha requerido la Intervención General.
En el pleno del Parlamento foral, y respondiendo a una pregunta de UPN, Esnaola ha precisado que resulta necesario “consensuar” entre el Instituto Navarro de Deportes y Actividad Física y la propia Intervención la suma que debe devolverse, “puesto que el informe de omisión de fiscalización indicaba que se trata de un reintegro parcial y que era necesario cuantificar el impacto económico del incumplimiento observado”.
En este sentido, ha apuntado que “se está trabajando en ese procedimiento de cálculo para cuantificar ese impacto de manera que sea claro y objetivable”. Una vez fijada la cifra, ha añadido, se comunicará a Parquenasa para poner en marcha el expediente de reintegro correspondiente.
El parlamentario de UPN Javier Trigo ha remarcado que “aquí no estamos ante una discrepancia técnica, estamos ante unos hechos muy concretos que apuntan a posibles incumplimientos de la legalidad en la gestión de fondos públicos”. Ha recordado que la Intervención General señaló que hubo una “omisión” en el informe de fiscalización, apreciaba “indicios de fraccionamiento” en los contratos y determinaba, por tanto, “un incumplimiento parcial de la subvención”, instando a iniciar un expediente de reintegro.
Además, ha indicado Trigo, la Oficina Anticorrupción y de Buenas Prácticas de Navarra emitió un informe en el que se recogen “indicios muy concretos de posibles irregularidades”, como un posible fraccionamiento de contratos, la existencia de trabajos “fuera del presupuesto”, que “el órgano de contratación asuma funciones que corresponden a los técnicos” o la “falta de justificación en determinadas actuaciones y en contratos vinculados con la dirección de obra”.
“Estamos hablando de indicios razonables de ilegalidad en la contratación pública, no de interpretaciones políticas realizadas por un partido” y, ante ello, “lo que se espera de cualquier gobierno es una reacción inmediata, clara y conforme a la legalidad”, ha subrayado el parlamentario regionalista, que ha considerado que “no basta con decir que se está analizando y cuantificando”.
Por este motivo, Trigo ha planteado a Esnaola si se ha incoado algún expediente interno para “depurar responsabilidades por la omisión del informe de fiscalización”; si se han tomado medidas “respecto a quienes participaron en la tramitación de esos contratos” y si asume, “como máxima responsable del departamento, que ha existido un fallo en los mecanismos de control que exige una respuesta política”.
Esnaola ha reprochado a UPN que “repetir cuestiones que ya han sido tratadas en esta Cámara” responde a la búsqueda “una y otra vez indicios que no llevan a ningún sitio”. “¿Será quizá que esperaban sacar mayor rentabilidad política y titulares a esta cuestión?”, ha planteado. La consejera ha insistido en que “estamos siendo transparentes y dando los pasos necesarios conforme a la legalidad” a lo largo de todo este procedimiento.