El Consell Valencià de Transparència ha iniciado este mes una nueva fase con un equipo renovado, encabezado por Sonia Barriga en la presidencia y con Vicente Fernández y Eduardo Ruiz como vocales. A diferencia de etapas anteriores, estas tres personas pasarán a tener dedicación exclusiva en este órgano.
Entre los principales objetivos, el nuevo equipo marca “una decidida apuesta por poner al día las resoluciones para que no haya congestión como en estos momentos”, así como la implantación de nuevos criterios internos de organización para “aumentar la eficacia y eficiencia” y “crear redes” con otros consejos de transparencia en España, además de con universidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Así lo ha expuesto Barriga, en declaraciones a los medios de comunicación, tras entregar a la Mesa y a los síndics de Les Corts la memoria de 2025 del órgano consultivo, elaborada por el anterior equipo responsable.
La designación de la nueva presidenta y de los vocales fue aprobada en el pleno de Les Corts con los votos de PP y Vox, después de que fracasaran dos intentos previos que requerían una mayoría de tres quintos, lo que obligaba a contar con el respaldo de PSPV o Compromís. En 2024, PP y Vox modificaron la Ley de Transparencia de 2022 para que, entre otros cambios, bastara con la mayoría absoluta si en dos meses no se alcanzaba la mayoría reforzada para elegir al consejo.
Preguntada por el estado en el que han encontrado la institución, Barriga ha señalado que “los medios no eran muy numerosos” y que la dedicación de los anteriores responsables era parcial, con reuniones “en muchas ocasiones telemáticas para no gastar”, por lo que considera que sus predecesores “han hecho todo lo que han podido”.
Como cambio relevante, ha subrayado que desde ahora los integrantes del consejo contarán con dedicación exclusiva, algo que, a su juicio, permitirá agilizar la tramitación de los expedientes y así “recobrar el normal funcionamiento” del órgano, de modo que “las reclamaciones de la ciudadanías se resuelvan dentro del plazo legal”.
Respecto al papel del Consell de Transparència ante la ciudadanía y las administraciones, Barriga ha indicado que se observa una tendencia al alza tanto en el número de valencianos y entidades que presentan reclamaciones como en la disposición de las administraciones a atender las observaciones que se les formulan.
Asimismo, ha afirmado que la Conselleria de Justicia se ha comprometido a reforzar el órgano con personal funcionario para tareas de apoyo técnico y ha apostado por “abrir canales entre la administración y la ciudadanía” mediante la incorporación de profesionales especializados en mediación como vía alternativa para la resolución de conflictos.
En paralelo, ha destacado que ya ha mantenido contacto con la presidenta del Consejo estatal de Transparencia, Concepción Campos, con el fin de cooperar en distintas líneas de actuación, una colaboración que también pretende extender a las universidades y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Memoria de 2025 y aumento de expedientes
En cuanto al balance recogido en la memoria de 2025, Barriga ha resaltado el “notable aumento” de expedientes iniciados, que alcanzaron un total de 724 durante el último ejercicio, cifra que, a su entender, “demuestra que se confía en el Consell de Transparència”. También ha señalado que no se acordó incoar ningún procedimiento sancionador por incumplimiento justificado de las obligaciones de transparencia.
De las 424 resoluciones dictadas, se estimaron 134. Por tipo de organismo, la mayoría de reclamaciones se dirigieron contra ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, seguidos de las consellerias y la Presidencia de la Generalitat. En cuanto al perfil de los reclamantes, 354 fueron personas físicas y 70 personas jurídicas, principalmente asociaciones y colegios profesionales.