El Colectivo de Afectados por el Ingreso Mínimo Vital ha hecho llegar este comunicado a Demócrata, que reproducimos literalmente:
"La decisión del Gobierno de no aceptar las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo sobre los procedimientos de reintegro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha reavivado la controversia en torno al funcionamiento de esta prestación y ha aumentado la presión de asociaciones y plataformas de personas afectadas.
Diversos colectivos denuncian que miles de beneficiarios del IMV están recibiendo reclamaciones para devolver cantidades percibidas en ejercicios anteriores, en algunos casos vinculadas a revisiones administrativas realizadas años después de haberse concedido la ayuda. Las organizaciones sostienen que parte de estas situaciones tienen su origen en errores de gestión, demoras en la actualización de datos o discrepancias en los procesos de revisión.
Según las plataformas de afectados, las reclamaciones económicas están teniendo un fuerte impacto sobre familias en situación de vulnerabilidad, que afrontan problemas de endeudamiento, embargos y dificultades para cubrir gastos básicos. Las asociaciones advierten además de un aumento de la inseguridad jurídica entre los perceptores de la prestación.
El Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo, trasladó recientemente al Ejecutivo una serie de recomendaciones orientadas a reducir los perjuicios derivados de los procedimientos de reintegro. Entre las medidas planteadas figuraban modificaciones normativas destinadas a reforzar las garantías de las personas afectadas y limitar las consecuencias de las revisiones retroactivas.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió no asumir dichas propuestas, una posición que ha sido criticada por distintas organizaciones sociales vinculadas a los beneficiarios del IMV. Estos colectivos consideran que el actual sistema de revisión de prestaciones está generando situaciones de especial vulnerabilidad para familias con escasa capacidad económica.
El objetivo del IMV
El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado con el objetivo de reforzar la protección social y reducir los niveles de pobreza y exclusión. No obstante, asociaciones de afectados sostienen que el modelo de control y regularización aplicado en determinados expedientes está provocando incertidumbre entre algunos beneficiarios, especialmente cuando las reclamaciones de devolución se producen varios años después del cobro de las ayudas.
Las plataformas reclaman una reforma de la normativa que regula el IMV para eliminar la retroactividad en las revisiones consideradas indebidas y garantizar mayor seguridad jurídica. Asimismo, piden a los grupos parlamentarios que impulsen iniciativas legislativas orientadas a modificar los mecanismos de reintegro y revisión de la prestación.
En este contexto, los colectivos han instado al Partido Socialista Obrero Español a reconsiderar su posición y a promover cambios legales que incorporen las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
El debate sobre el alcance de las revisiones administrativas y los procedimientos de devolución del Ingreso Mínimo Vital continúa ganando relevancia política y social, en un contexto marcado por las demandas de mayor protección para las familias en situación de vulnerabilidad y por la necesidad de equilibrar el control de las ayudas públicas con las garantías jurídicas de sus beneficiarios".