La CEOE aguardará a que se formalice la convocatoria oficial de la huelga general por la vivienda anunciada por los sindicatos y examinará “los motivos” esgrimidos por sus promotores para comprobar si la protesta “tiene encaje legal”. Así lo ha señalado a Europa Press el vicepresidente de la patronal y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, al ser preguntado por la posibilidad de recurrirla ante la Justicia.
“Aunque tenemos que ver cómo está motivada es indudable que no tiene un carácter laboral por mucho que se quiera maquillar”, ha aseverado Amor este martes en Santander en declaraciones a esta agencia antes de participar en el Foro Económico de El Diario Montañés.
El dirigente de ATA ha calificado de “inadmisible” esta convocatoria y ha tildado de “sinsentido” que se pretenda “cargar sobre la empresa y sobre los trabajadores” una huelga general centrada en la cuestión de la vivienda, un ámbito que, a su juicio, compete principalmente al Poder Ejecutivo, “que durante ocho años, hemos visto lo que ha hecho” en este terreno, y también al Legislativo.
Amor igualmente opina que “no tiene sentido” promover una huelga general en pleno periodo electoral “cuando la mayor movilización y manifestación que existe en democracia se va a celebrar el próximo 29 de noviembre y todos los ciudadanos están llamados a urnas”.
En cuanto al calendario elegido, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE considera que los sindicatos “ya han tardado” en dar este paso. “Ocho años en convocar una huelga en materia de vivienda cuando era o es uno de los principales problemas que se tienen a los ciudadanos”, ha resaltado, reprochando la demora en actuar frente a esta problemática.
El representante empresarial ha recordado que las organizaciones patronales llevan tiempo advirtiendo no solo del déficit de vivienda disponible y de las “dificultades” para impulsar nueva construcción, sino también de “el lastre” que representan para el comprador “los inmensos” impuestos asociados a la adquisición de una casa, que “llegan a ser uno de cada tres euros que significa la compra de una vivienda”.
Amor insta a centrar las reclamaciones en el Estado
Por otro lado, Amor ha afirmado durante su intervención en el Foro que “entiende y comparte” que los trabajadores quieran tener más poder adquisitivo, pero cree que donde hay que llamar es “a la puerta del Estado”, que es el que “se está quedando la pasta”.
Como respaldo a su postura, ha señalado que entre 2017 y 2025 los salarios han aumentado un 31,5%, por encima de la inflación, mientras que las retenciones aplicadas a los trabajadores lo han hecho un 65%, es decir, el doble.
“Esto quiere decir que de cada 100 euros que recibe un trabajador, 35 se queda en el Estado y solo cobra 65. Por tanto, yo llamaría a los sindicatos a que, con una recaudación extra de 177.000 millones de euros, no señalen tanto a las empresas y señalen al Estado”, ha dicho.