El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado este jueves que el último expediente incoado a una empresa inmobiliaria recoge comportamientos que podrían constituir “prácticas abusivas” y conllevar sanciones de hasta un millón de euros por cada infracción.
“Estamos hablando de conductas que podrían constituir prácticas abusivas respecto a los derechos de los consumidores”, ha señalado en una rueda de prensa.
Según ha detallado, si la investigación confirma estos hechos, las infracciones podrían ser castigadas con multas de hasta un millón de euros por cada una de las prácticas detectadas, o con sanciones equivalentes a entre seis y ocho veces el beneficio obtenido de manera ilícita.
El ministro aludía así al nuevo expediente anunciado este jueves por su departamento, abierto para sancionar a una inmobiliaria que gestiona el alquiler de miles de viviendas en distintas comunidades autónomas, tras detectar que podría haber incurrido en cuatro tipos de infracciones diferentes.
En particular, el área de Consumo considera posibles infracciones la obligación impuesta al inquilino de contratar un seguro de impago y la inclusión de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada en un contrato de adhesión.
También se analizan como potencialmente sancionables la fijación de una penalización “desproporcionada” por cada día de retraso en la entrega de la vivienda, así como la incorporación de una cláusula que traslada al arrendatario gastos y penalizaciones “injustificados” vinculados a los equipos de suministros y a los cambios de titularidad de los mismos.
Protección de los inquilinos
Bustinduy ha lamentado que durante “demasiado tiempo” los derechos de los inquilinos en España hayan podido percibirse como “derechos de segunda” a los que las administraciones no prestaban suficiente atención. Ha subrayado, no obstante, que Consumo actuará “con total determinación” para garantizar su protección y ha instado a los arrendatarios a que “denuncien” cualquier práctica abusiva que detecten en sus contratos de alquiler.
Asimismo, ha arremetido contra las inmobiliarias que “se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión” de estos ciudadanos con el propósito de “multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados”.
“En esta legislatura creo que hemos demostrado, con hechos, nuestro compromiso con un principio muy sencillo: que en este país se respeten los derechos de los consumidores, sin importar cómo de grandes o de poderosas sean las empresas afectadas”, ha remachado.
“Se dan las condiciones” para retomar la prórroga del alquiler
En respuesta a las preguntas de los periodistas, Bustinduy se ha pronunciado también sobre la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de arrendamiento, cuyo decreto ley fue rechazado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.
“Nosotros dijimos desde el principio que vamos a volver a llevar la prórroga de los contratos de alquiler y lo vamos a hacer. Y estamos trabajando con total discreción para que así sea”, ha indicado.
“Yo creo que se dan las condiciones para que haya un gran acuerdo en materia de vivienda y que salga adelante. Para eso trabajamos, y nuestra determinación es absoluta en ese sentido”, ha añadido el ministro, que se ha mostrado confiado: “Yo estoy confiado en que no tardemos mucho en poderlo volver a llevar” al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Congreso para su votación, ha concluido.