Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 14 de abril de 2026, en la que se establece la obligación de contar con autorización judicial para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) pueda llevar a cabo actuaciones en centros de trabajo que coinciden con el domicilio social de la empresa, al considerar que dicha resolución supone "atentar contra los derechos laborales" en España.
En una nota pública, el sindicato ha denunciado la "inconsistencia jurídica" del fallo, al entender que reinterpreta de forma indebida lo previsto en la Ley ordenadora del sistema de ITSS, una norma que, según recuerda, es plenamente respetuosa con la Constitución Española y con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo con la central sindical, el Tribunal Supremo, mediante esta sentencia, pretende trasladar la limitación de acceso a los domicilios de las personas físicas por parte de la ITSS al acceso a los centros de trabajo que se identifican con el domicilio de la persona jurídica de la empresa, restringiendo así la labor de los funcionarios y funcionarias de la Inspección.
Para CCOO, esta lectura del Alto Tribunal recorta de forma significativa la función de las personas funcionarias de la ITSS, encargadas por mandato constitucional de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral en los miles de centros de trabajo repartidos por todo el país.
Asimismo, el sindicato advierte de que la imposición de nuevos requisitos formales impide que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social intervenga con la "inmediatez y celeridad" necesarias en la mayoría de situaciones para salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras en el entorno empresarial, incluidos sus derechos fundamentales.
CCOO subraya, además, que la sentencia abre la puerta a un vacío normativo en un tejido productivo dominado por microempresas, muy extendidas en la economía española, cuyos centros de trabajo suelen coincidir con el domicilio social. A su juicio, esto configura un escenario de "bula empresarial" que podría facilitar la explotación de millones de personas trabajadoras.
El sindicato ha anunciado que estudiará en detalle el contenido de la resolución con el objetivo de asegurar la seguridad jurídica de las actuaciones inspectoras, sin limitaciones, en todos los centros de trabajo del país. Al mismo tiempo, ha reiterado su respaldo al personal de la ITSS, al que considera uno de los principales "baluartes" de los derechos laborales en España.