La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a poner sobre la mesa su preocupación ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte del Consejo de Ministros, prevista para mañana. El sindicato ha avisado de que “fracasará” porque persiste una carencia “estructural” de recursos humanos, medios materiales y financiación específica tanto en las administraciones públicas como en las empresas españolas.
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización sindical ha subrayado que la salud laboral en España sigue siendo una “asignatura pendiente” y ha denunciado que los servicios de prevención (SPRL) continúan “infradotados” por la falta de técnicos especializados y de personal sanitario.
En esta misma línea, CSIF ha hecho públicos los resultados de una encuesta realizada a 2.000 empleados públicos. De acuerdo con este sondeo, el 63% de los consultados afirma que no ha recibido formación específica sobre los riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo, mientras que un 20% asegura que no se le facilita el reconocimiento médico obligatorio.
El estudio también pone de manifiesto que más de dos tercios de los trabajadores han tenido que recurrir a medicación para poder soportar su jornada laboral, una realidad que el sindicato describe como un “sufrimiento normalizado” consecuencia directa de un sistema de prevención insuficiente.
CSIF lamenta que, en estas condiciones, la prevención se haya transformado en un “mero trámite burocrático” y no en una herramienta “efectiva” de protección de la plantilla. Además, advierte de un grave problema de “infradeclaración” de las enfermedades profesionales, que con frecuencia terminan derivándose al sistema público de salud sin ser reconocidas como tales.
Entre las medidas que reclama la organización, figuran la fijación de ratios mínimos de profesionales especializados en prevención, el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la incorporación de personal de psicología y mediadores en los centros para garantizar la protección de la salud mental en el ámbito laboral.