El Consejo General de Economistas (CGE) ha detectado un fuerte interés por los traslados de residencia fiscal motivados por razones tributarias, aunque al mismo tiempo se han reducido las consultas sobre cambios de domicilio entre comunidades autónomas.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales ha dado a conocer la séptima edición de la encuesta elaborada por el REAF y el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), que recoge la visión de cerca de 5.000 profesionales de la asesoría fiscal acerca del sistema tributario español.
Según los resultados, el 61,6% de los encuestados constata un aumento de consultas para trasladar la residencia fiscal a otros países y el 57% observa más dudas sobre movimientos entre comunidades de régimen común, aunque este último porcentaje era del 70% hace dos años.
Por el contrario, la sensación de que estos cambios de residencia sean en su mayoría ficticios es menos acusada, si bien sigue siendo relevante: el 37,5% así lo considera en los traslados al extranjero y el 44,5% en los movimientos entre comunidades autónomas.
El sondeo revela además que más de la mitad de los especialistas en tributación estima que el modelo fiscal actual es peor (56,4%) que hace cinco años, frente a un escaso 4,3% que opina que ha mejorado.
Del documento se concluye que los expertos en fiscalidad mantienen una postura muy crítica con el sistema tributario y consideran que su calidad se va deteriorando con el paso del tiempo. Esta valoración negativa se repite de forma continuada desde 2021.
Los técnicos del IEB destacaron que “en relación con el actual sistema tributario la gran mayoría de los encuestados consideran que la normativa de los impuestos se ha complicado y el papel de la Administración tributaria se ha endurecido”.
De este modo, la excesiva complejidad se sitúa como la principal queja de los economistas asesores fiscales, atribuida sobre todo a la actuación del sector público, tanto en la elaboración de las normas como en su aplicación práctica.
Impacto previsto de Verifactu y régimen de franquicia en el IVA
En lo que respecta a Verifactu, los especialistas apuntan que “se concibe simultáneamente como un instrumento potencialmente eficaz contra el fraude y como una fuente adicional de carga administrativa”.
Sobre su aplazamiento, una mayoría del 59,5% se muestra favorable, aunque con una división apreciable en las respuestas. Sin embargo, hay un acuerdo mucho más amplio en dos aspectos: el 66,2% espera que contribuya a reducir el fraude fiscal cuando entre en funcionamiento y el 84,8% prevé que incrementará los costes indirectos de cumplimiento para las empresas.
En relación con la futura implantación del régimen de franquicia en el IVA “se percibe mayoritariamente como una vía de simplificación”. No obstante, alrededor de la mitad de los participantes en la encuesta entiende que el sistema de módulos ya ofrece un cumplimiento relativamente sencillo, por lo que el punto de partida genera opiniones divididas.
Evaluación de recientes medidas e incentivos fiscales
La valoración de las novedades fiscales recientes es dispar según el instrumento analizado. El 40,2% de los asesores considera que los propietarios están teniendo en cuenta las nuevas reducciones en el alquiler de vivienda, mientras que el 52,7% aprecia efectos favorables de la reserva de capitalización sobre los fondos propios de las empresas.
El consenso es mucho mayor respecto a las reducciones de tipos en el Impuesto sobre Sociedades para micropymes y entidades de reducida dimensión, que el 78% interpreta como una mejora de su competitividad. Por el contrario, la libertad de amortización de vehículos eléctricos apenas se percibe como un estímulo claro para la compra empresarial de estos activos, con solo un 27,1% que la identifica como palanca relevante.
Sociedades: recaudación al alza y campaña 2025
El Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha presentado también el documento sobre la Declaración de Sociedades 2025 y ha formulado 25 recomendaciones para afrontar la campaña que arrancará el próximo 1 de julio.
En los últimos cinco años, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades ha crecido un 60%, situándose en 2025 en torno a los 42.000 millones de euros. “El Impuesto sobre Sociedades es el tercer impuesto en recaudación en nuestro sistema tributario”, han explicado los economistas.
Los expertos han revisado las principales magnitudes del tributo y las novedades que se aplican en esta campaña y en la siguiente. Entre los cambios para este ejercicio, subrayan el incremento del porcentaje de reducción de la reserva de capitalización del 15% al 20%, que puede alcanzar el 30% si se aumenta el empleo de un año a otro y se mantiene ese incremento durante 3 años.
En un escenario de bajada de tipos de gravamen para las pymes, han destacado “la oportunidad de planificar operaciones para rebajar la factura fiscal, como adelantar inversiones o gastos en 2026 o diferir ingresos a periodos impositivos posteriores”. Y han concluido señalando que, “otro año más, los grupos que consolidan solo podrán compensar las bases imponibles negativas de las entidades del grupo en un 50%”. No obstante, celebran que “para 2026 no se haya prorrogado esta limitación aún”.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha valorado “muy positivamente, que se prorrogue un año más la libertad de amortización para las inversiones en vehículos eléctricos, en instalaciones de recarga o por inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables”.
Sin embargo, ha advertido de “la inseguridad que genera que estas prórrogas se articulen mediante reales decretos-leyes, ya que algunos de ellos no llegan a convalidarse, lo que genera dudas y confusión, hasta que los beneficios fiscales son finalmente aprobados por el Parlamento”.
En la misma línea, el presidente del REAF, Agustín Fernández, ha alertado de nuevo de que “los recientes criterios administrativos sobre el régimen FEAC (Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social) pueden generar inseguridad jurídica, dificultar las reorganizaciones empresariales aun cuando tengan motivos económicos válidos y aumentar la litigiosidad”.
Asimismo, ha recordado que, “al presentar el Impuesto sobre Sociedades, resulta esencial aplicar correctamente los beneficios fiscales y ajustes oportunos como la libertad de amortización o las operaciones a plazo, ya que, si no se ejercitan al presentar la declaración, pueden perderse”, dado que los tribunales interpretan que se trata de opciones que solo pueden ejercerse en ese momento.