El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha difundido este sábado el real decreto que introduce nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos que operan en España, junto con condiciones relativas a la resiliencia y a la soberanía digital, con la finalidad de reducir el impacto de estas infraestructuras y asegurar un uso más eficiente de los recursos disponibles.
La regulación se dirigirá a los centros de datos cuya potencia de acceso a la red eléctrica sea igual o superior a 10 megavatios (MW). Entre las obligaciones más destacadas, se recoge que deberán cubrir, como mínimo, el 80% de su consumo eléctrico total mediante autoconsumo o a través de contratos de compra de electricidad renovable a plazo vinculados a plantas de generación renovable y sistemas de almacenamiento situados en territorio español.
Del mismo modo, se exige que, en cada hora, al menos el 80% de la electricidad consumida esté respaldada por generación renovable producida en ese mismo intervalo temporal.
Por otra parte, los centros deberán ajustarse a nuevos estándares de eficiencia energética y de uso del agua. En concreto, tendrán que alcanzar la clase A en eficiencia hídrica y la categoría más alta contemplada en la metodología fijada para la eficiencia energética, disponiendo de un periodo de adaptación de dos años desde la puesta en marcha para el indicador energético y de un año para el indicador hídrico.
En el ámbito de la soberanía digital, el real decreto determina que los datos de contenido y los derivados del uso del servicio de los sistemas públicos de categoría alta deberán permanecer ubicados dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Además, se fijan límites para que las tareas de administración, soporte y mantenimiento desde terceros países queden restringidas a aquellas que sean técnicamente imprescindibles y sometidas a plena trazabilidad.
La norma también prevé mecanismos de compensación económica para los centros que se desvíen de los objetivos de adicionalidad y correlación horaria en el empleo de energías renovables, y articula un régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las obligaciones establecidas.
Adicionalmente, los centros de datos con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kilovatios (kW) estarán obligados a remitir cada año, antes del 15 de mayo, información detallada sobre sus indicadores de eficiencia energética y sostenibilidad.
Se evitará un sobrecoste de 5.000 millones al año
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió ayer en el Consejo de Ministros que el real decreto servirá para ordenar el despliegue de los centros de datos en España y para impedir que su elevado consumo de energía acabe trasladándose a la factura eléctrica del conjunto de los consumidores.
Según indicó, en ausencia de esta regulación, la expansión de estas instalaciones podría haber supuesto un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales para el sistema eléctrico y un incremento del 25% en el recibo industrial. Aagesen subrayó el carácter “pionero” de España en esta normativa y aludió a las “preocupaciones legítimas” en torno al consumo de energía y agua, la evolución de los precios y el coste de los servicios públicos.
Igualmente, sostuvo que la norma “no es ninguna moratoria”, sino un marco regulatorio destinado a compatibilizar las inversiones en centros de datos con la sostenibilidad energética y la protección de los consumidores.