El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves una orden por la que se pone en marcha y se regula el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La orden, rubricada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, detalla que este nuevo órgano quedará adscrito a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El Consejo nace con la misión de convertirse en un foro de consulta, diálogo estratégico, intercambio de información y coordinación operativa entre administraciones y sector privado, además de favorecer la detección de prioridades comunes, el estudio de nuevas tipologías de riesgo, la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de iniciativas conjuntas.
Funciones
Entre sus cometidos, el Consejo deberá reforzar la cooperación continuada entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y la aplicación de sanciones financieras internacionales.
Igualmente, actuará como canal para el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, y apoyará la elaboración, revisión y seguimiento tanto del análisis nacional de riesgos como de la estrategia nacional frente al blanqueo de capitales.
El Consejo podrá, además, elevar propuestas de informes, guías y recomendaciones sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como diseñar iniciativas, medidas y líneas de actuación para reforzar el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La presidencia de este órgano recaerá en la persona titular de la Dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión. Como vocales permanentes participarán distintos subdirectores generales, o cargos equivalentes, de organismos nacionales como la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros.
El Consejo deberá quedar formalmente constituido en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la orden, que se produce este mismo jueves. El Pleno se reunirá, como mínimo, una vez al año y, en cualquier caso, cuando así lo decida su presidencia por iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros.
El Gobierno subraya que la política de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva resulta clave para preservar la integridad del sistema financiero y, en consecuencia, apuntalar la estabilidad y el crecimiento económico de las economías contemporáneas.
“En un entorno caracterizado por la creciente complejidad de los flujos financieros, la digitalización de las economías y el carácter transnacional e híbrido de las amenazas, es imprescindible adoptar un enfoque integral basado en el riesgo que permita detectar y mitigar todos los riesgos que pueden impactar negativamente en el funcionamiento del sistema”, se señala en la norma.
Con este fin, el Ejecutivo remarca la necesidad de asegurar una actuación coordinada de todos los agentes implicados, desde las autoridades competentes hasta los sujetos obligados, ya que “solo una acción común y coherente permitirá dar una respuesta eficaz a los desafíos detectados”.
En esta línea, el reciente Plan Estratégico Nacional de lucha contra el blanqueo de capitales destaca que la colaboración con el sector privado es uno de los pilares esenciales para garantizar la eficacia del sistema, al favorecer una mejor comprensión de los riesgos, elevar la calidad de las medidas preventivas y aumentar la utilidad de la información que se comparte por y entre las autoridades competentes y los sujetos obligados.